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Viernes 6 de noviembre de 2026
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Policiales · Entre Ríos

La fiscal pidió procesar a Ariel Vallejo por asociación ilícita y lavado de dinero

El pedido alcanza a 15 personas y seis sociedades, y reclama embargos sobre sus bienes y la prohibición de que Vallejo preste servicios financieros.

Redacción La Bajada ·

La fiscal federal Cecilia Incardona pidió que el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte procese con prisión preventiva a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, como jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero, y que siga detenido. El pedido consta en un dictamen de 249 páginas. Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, permanece preso en la cárcel de Ezeiza por un presunto incumplimiento de las condiciones que le habían fijado para seguir en libertad. Con la indagatoria ampliada, el juez debe definir ahora su situación procesal.

También aparecen en el pedido su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y el contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza. Vallejo enfrenta una acusación por intermediación financiera ilegal, infracciones cambiarias, evasión impositiva y previsional, y lavado de dinero proveniente del juego ilegal. La fiscal describe un conjunto de sociedades que “funcionó como una sola caja”, armado entre 2020 y 2025 para darle apariencia lícita al dinero que circulaba por sus cuevas financieras.

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El punto de partida: Concordia

La reconstrucción de la fiscal ubica el origen de la operatoria en Concordia, Entre Ríos. En esa ciudad operaba Centro de Inversiones Concordia SRL, una agencia de cambio habilitada por el Banco Central y conducida formalmente por la madre del financista. Entre septiembre de 2020 y octubre de 2022, en plena vigencia del cepo cambiario, movió más de 100 millones de dólares (US$103.548.677), por encima del límite que había declarado y sin autorización del Banco Central.

Según el dictamen, ese exceso habilitó operaciones que la agencia no podía realizar legalmente, con una ganancia de al menos 207 millones de pesos. Para la fiscal, la sociedad madre del grupo, Sur Finanzas Group SA, se constituyó en noviembre de 2021 con esos recursos.

Los clubes

La acusación sostiene que Sur Finanzas funcionó como entidad financiera sin estar habilitada: tomaba dinero de particulares a través de billeteras virtuales, lo confundía con su propio capital y lo colocaba en préstamos o en descuento de cheques. Entre quienes recibieron esos créditos figuran clubes de fútbol.

Según la documentación secuestrada en Argentinos Juniors, el club cedió a la firma cheques por 600 millones de pesos, con un descuento a una tasa nominal anual adelantada del 100%. En diciembre de 2024, la firma le otorgó además un préstamo de 200 millones de pesos a 40% anual más 1,5% mensual.

En San Lorenzo, la fiscalía encontró un documento que acredita una deuda de 416 millones de pesos a favor de Sur Finanzas Group, al 30 de junio de 2025. Esa deuda se vincula con préstamos y cesiones de cheques a tasas que van del 36% al 71,52% anual.

La defensa niega que las tasas acordadas con los clubes sean usurarias. Los clubes aparecen en el dictamen para describir la operatoria, pero no están imputados ni se les atribuye delito alguno. Para la fiscal, esos créditos no podían salir de capital propio: en marzo de 2023 el patrimonio neto de la sociedad alcanzaba apenas 38 millones de pesos.

Billeteras y casino online

Según la fiscalía, parte del dinero de tres de los acusados provenía de la explotación de un casino online clandestino que se investiga en otra causa, en La Plata. Para la acusación, la organización reclutaba personas con dificultades económicas, abría cuentas a su nombre con sus datos biométricos y las usaba para cobrar apuestas.

Esos fondos, según la acusación, volvían al circuito formal a través de proveedores de servicios de pago, entre ellos Sur Finanzas.

Qué sigue

El juez Rodríguez Ponte deberá resolver el pedido de procesamiento y de prisión preventiva. También tendrá que analizar los embargos sobre los bienes de los imputados y la prohibición para Vallejo de prestar servicios financieros que reclamó la fiscal.

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