Fiscales piden sobreseer a dos camaristas cordobeses por el viaje a Punta del Este

Los fiscales federales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian pidieron el sobreseimiento de los camaristas de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, investigados por presunta aceptación de dádivas por un viaje en avión privado a Punta del Este. El pedido fue presentado ante el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, que deberá resolverlo. Los fiscales habían impulsado antes la pesquisa.

El viaje se realizó entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios, los magistrados salieron de Córdoba hacia Uruguay en una aeronave privada, matrícula LV-WTP, y regresaron cuatro días después. Los informes de la Dirección Nacional de Migraciones registraron la salida y el regreso de los cuatro pasajeros.

Los invitantes identificados en la investigación son el empresario Guillermo Assales y su pareja, María Pía Astori, referente del grupo empresario Astori. Ambos reconocieron haber ofrecido el traslado y el alojamiento en una casa particular en Punta del Este. Montesi declaró que la invitación respondió a un vínculo afectivo de muchos años con Astori.

Para el dictamen, los fiscales valoraron declaraciones, fotografías, documentación y conversaciones de WhatsApp. Según esa evaluación, los mensajes muestran intercambios cotidianos, acompañamiento ante situaciones familiares difíciles y encuentros sociales entre las dos parejas. Los fiscales concluyen que el beneficio no se ofreció en consideración al cargo de los magistrados, que es el requisito del artículo 259 del Código Penal para configurar la dádiva.

El punto más sensible está en las causas civiles. El dictamen señala que Sánchez Torres y Montesi dictaron resoluciones antes y después del viaje en expedientes en los que el Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar es parte actora. Ese fideicomiso fue constituido en 2010 por Astori Estructuras para escriturar terrenos a nombre de la sociedad, cuyo presidente había sido Assales. Los fiscales sostienen que esa coincidencia no alcanza para una imputación penal, pero justifica que el Consejo de la Magistratura examine la conducta de los jueces.

Por ese motivo, los fiscales pidieron que una copia de su presentación y de la resolución que dicte Sánchez Freytes se remita al Consejo de la Magistratura, que evaluaría si corresponde un reproche disciplinario. La ausencia de delito, según el dictamen, no elimina esa posibilidad.

El pedido de sobreseimiento no cierra la situación de Sánchez Torres. En septiembre, el mismo juez lo procesó por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por violencia de género contra una secretaria judicial, y ordenó un embargo de 70 millones de pesos sobre sus bienes. Ese procesamiento está en apelación, y distintas recusaciones planteadas por el camarista impiden conformar la Cámara que debe resolver los planteos.

El próximo paso es la decisión de Sánchez Freytes sobre el sobreseimiento. No hay fecha para esa resolución.