Apelan el cierre de la causa $LIBRA y Romeo pide anular el dictamen fiscal

El inversor Martín Romeo apeló, junto con otros dos inversores, el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de otros diez imputados en la causa por la criptomoneda $LIBRA. Los tres recursos cuentan con la asistencia del abogado Nicolás Oszust. Los dos inversores que acompañan a Romeo son ciudadanos de nacionalidad bielorrusa y afirman haber registrado pérdidas por dos millones de dólares.

Antes, Juan Patricio Marchetto, representado por el diputado nacional Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik, había presentado su propio recurso. En un escrito de 40 páginas, sostuvo que la resolución causa un daño "irreparable" y que su fundamentación es arbitraria, porque equipara la insuficiencia probatoria con la atipicidad de los hechos.

El recurso de Romeo reconstruye la cronología del 14 de febrero de 2025. Según el escrito, el fondo de liquidez del token se creó a las 18.40 y, a las 19.01, 74 billeteras ejecutaron 87 transacciones por unos 13,5 millones de dólares, 22 segundos antes de que el presidente publicara el contrato del token. Los apelantes sostienen que esa secuencia no encaja con la idea de que los compradores asumieron el riesgo de un mercado volátil: "Nadie asume el riesgo de que el contrato haya sido entregado de antemano a 74 billeteras, ni de que la salida del dinero estuviera planificada diez días antes del lanzamiento", sostuvieron.

La presentación también ubica llamadas entre el empresario Mauricio Novelli y el Presidente entre las 18.44 y las 19.03 de ese día. Agrega que las billeteras identificadas como Libra Team Wallets liquidaron sus tokens al comienzo de las operaciones y que los fondos terminaron concentrados en una bóveda con 44.593.888 USDC, según un informe de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal citado en el escrito.

Sobre las cajas de seguridad vinculadas a Novelli, el recurso cuestiona que su vaciamiento haya servido para descartar la hipótesis delictiva. Según la reconstrucción presentada, Novelli abrió dos cajas en el Banco Galicia el 4 de febrero de 2025. El 17 de febrero, después del colapso del token, María Alicia Rafaele y María Pía Novelli habrían concurrido a vaciarlas, y uno de los allanamientos se realizó recién el 8 de mayo. "Que el Estado haya llegado tarde no prueba la inocencia de nadie; al contrario, el vaciamiento inmediato posterior al colapso es un indicio en contra de los imputados", planteó Romeo.

El escrito también analiza un documento denominado Kelsier Group LATAM Agreement, que preveía pagos por 1,55 millones de dólares a Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Aunque el contrato no tiene firmas, los apelantes citan movimientos de fondos y una factura que, a su entender, coinciden con esos pagos. Las querellas remarcaron que el documento mencionaba una "asociación indirecta con el gobierno argentino".

Romeo y los inversores extranjeros pidieron la nulidad absoluta del dictamen del fiscal Eduardo Taiano y del sobreseimiento posterior. Fundan el planteo en el artículo 80, inciso j, del Código Procesal Penal Federal, que prevé la revisión de la decisión ante un fiscal de Cámara, y sostienen que esa garantía es de aplicación obligatoria desde 2019 por decisión de la Comisión Bicameral del Congreso. Las querellas, por su parte, señalaron que el fiscal no llamó a indagatoria durante toda la instrucción y cuestionaron que se desestimaran los peritajes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP) por un sumario administrativo por filtración de información.

El juzgado interviniente debe evaluar si concede los planteos antes de elevarlos a la Cámara, que decidirá si los querellantes apartados recuperan de manera formal su condición de damnificados.