Política
Los querellantes de $LIBRA tienen un recurso pendiente en Casación
Martínez de Giorgi había apartado a todas las querellas el 3 de julio. Doce días después, el Gobierno designó a su esposa, Ana María Juan, como jueza federal de Hurlingham.
Redacción La Bajada ·
Con el sobreseimiento dictado el viernes por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, no queda ningún imputado en la causa $LIBRA. La continuidad del expediente depende ahora de que la Cámara Federal de Casación Penal admita el recurso que presentaron los querellantes y de que ellos impulsen el caso.
Según el fallo, el juez apartó a todas las querellas el 3 de julio, por considerar que no tenían fundamentos suficientes para ser parte del proceso. Desde entonces, el fiscal Eduardo Taiano es el único acusador.
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Doce días después, el Gobierno designó a Ana María Juan, esposa del juez, como titular del juzgado federal de Hurlingham. La designación se hizo por el decreto 589/2026, firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Juan es prosecretaria de la Sala I de la Cámara Federal. El tribunal fue creado en 2015 y todavía no funciona.
Martínez de Giorgi está al frente del juzgado federal 8 desde 2012. En 2010, cuando era subrogante, sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner en la causa por la consultora El Chapel. En 2016 llamó a indagatoria a exfuncionarios y exgobernadores en la causa Sueños Compartidos.
Según el fallo, la Oficina Anticorrupción concluyó que el Presidente “no incurrió en una infracción a la ley de Ética en el ejercicio de la función pública”. El mismo fallo indica que la Secretaría General de la Presidencia informó que no había un acuerdo con los promotores del token ni tenía documentación sobre el asunto. Según el fallo, ninguno de los imputados llegó a ser indagado.
En una entrevista radial del sábado, Milei se refirió a la cobertura periodística de la causa. Sostuvo que la cobertura de un grupo de medios que administra el Movistar Arena, y en particular la del periodista Hugo Alconada Mon, formaba parte de una “operación” para que el Estado condone una deuda vinculada a ese recinto. Consultado sobre si pensaba iniciar acciones legales contra periodistas, respondió que “lo tiene que evaluar con sus abogados”. También dijo: “Es un escándalo de proporciones mayúsculas. Intentan generar caos para conseguir favores políticos”.
El próximo paso pendiente es que Casación resuelva sobre el recurso de los querellantes.
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