Texas pide levantar la supervisión federal de su sistema de acogida infantil

Texas le pidió el martes a un juez federal que dé por terminados 15 años de control judicial sobre su sistema de acogida infantil, el foster care. La audiencia se realiza en Houston y la conduce el juez Randy Crane, que oirá a las partes durante varios días. Después resolverá si retira la vigilancia o fija un nuevo cronograma. El sistema, valuado en USD 4.900 millones, tiene bajo su responsabilidad a unos 6.800 menores.

Lo que sostiene el Estado

Audrey O’Neill, comisionada del Departamento de Servicios de Familia y Protección de Texas (DFPS), y Stephanie Muth, de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC), declararon que el control federal ya cumplió su función. Según expusieron, desde 2019 ambas agencias invirtieron más de USD 320 millones en las mejoras que ordenó el tribunal. De ese total, USD 66 millones financiaron a los monitores federales y USD 254 millones se aplicaron a capacitación, contratación, permanencia y ampliación de personal.

O’Neill dijo ante el tribunal: “Creo que las órdenes correctivas dieron una dirección importante. Considero que estas reformas son sustanciales y permanentes”. El equipo legal del Estado, encabezado por Allyson Ho, del bufete Gibson Dunn, plantea que Texas debe recuperar el manejo del sistema. Se apoya en un fallo de la Corte de Apelaciones del 5° Circuito, que habló de “cumplimiento sustancial”, anuló sanciones por desacato y apartó a la jueza Janis Jack, a cargo del caso desde 2011. Crane la reemplazó.

Las metas que no se cumplen

Documentos que se hicieron públicos esta semana muestran que Texas no alcanzó el cumplimiento pleno. Las investigaciones de abuso de máxima prioridad, que deben comenzar dentro de las 24 horas, se ajustan al plazo en el 79% de los casos. Entre las de segunda prioridad, con límite de 72 horas, el índice es del 85%. El contacto del trabajador social con la víctima llega al 79% y la información a los menores sobre cómo denunciar abusos, al 83%.

Los monitores, además, manifestaron “preocupaciones significativas” por niños ubicados en hogares con antecedentes de abuso o negligencia. Entre los casos documentados hay un hogar donde un padre sustituto apuntó con un arma a menores como forma de disciplina, y otro que se clausuró recién después de que un niño murió por una sobredosis de fentanilo.

El caso EMPOWER

Los abogados de los niños usaron esos testimonios para marcar las fallas que persisten. El ejemplo central es EMPOWER, el mayor contratista privado del sistema, que atendía a unos 3.000 menores en Dallas y ocho condados vecinos. Obtuvo su contrato en septiembre de 2023, dentro del proceso de privatización impulsado por una reforma de 2017, y desde el comienzo perdió personal: los trabajadores sociales que pasaron desde el Estado se fueron al poco tiempo.

En marzo de 2026, después de la segunda muerte de un menor bajo su custodia en dos años, el DFPS pidió intervenir al contratista. Lo definió como un “peligro inminente” para los niños y le atribuyó dos muertes y la internación de un menor por una crisis de lupus vinculada con negligencia médica. El 21 de julio rescindió el contrato, y la atención de más de 2.000 menores pasó a otros dos contratistas. Hoy el 61% de los chicos en acogida está al cuidado de empresas privadas. Para el Estado, el episodio prueba que los controles funcionan: en un escrito sostuvo que “El estado detectó las fallas, tomó el control en dos días y verificó la situación de casi todos los niños en seis semanas”.

La posición de los menores

Paul Yetter, abogado de los niños en la demanda original de 2011, rechaza el pedido. “Hemos visto mejoras, pero las reformas ordenadas por la corte están en progreso, no terminadas. Es una locura que el Estado intente poner fin a las medidas ahora. Los niños sufrirán”, afirmó en un comunicado. Su equipo sostiene que el estándar legal exige “cumplimiento total” y que, una vez logrado, el tribunal debería conservar la jurisdicción tres años más. Argumenta además que los avances son demasiado recientes para considerarlos duraderos mientras el sistema se encamina a la privatización completa.

Los números también incluyen datos favorables al Estado. Los menores bajo custodia pasaron de 12.000 en 2011 a 6.800 en 2025, y las muertes investigadas bajaron de 997 en 2022 a 581 en 2025. Muth explicó que los chicos que ingresan ahora tienen necesidades de salud mental más complejas y mencionó el Centro Terrell para la Juventud, un hospital psiquiátrico de USD 35 millones para menores con traumas graves.

La audiencia seguirá durante el resto de la semana. Al terminar, Crane decidirá si libera a Texas de la supervisión federal o si dispone un cronograma modificado.