Qué cambia con el sistema acusatorio federal en Entre Ríos

El sistema procesal penal acusatorio cambia quién conduce la investigación. Según describió la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones con Competencia Penal, la investigación pasa al Ministerio Público Fiscal y los jueces se ocupan del control de garantías y de la resolución de los casos. La Junta se reunió en Mendoza el 15 y 16 de octubre para evaluar cómo avanza su implementación en los tribunales federales.

El cambio más visible es que el expediente escrito cede lugar a la audiencia oral. Juan Ignacio Lazzaneo, recientemente designado defensor público de víctimas y antes juez de Ejecución Penal y Medidas de Seguridad en Concordia, lo resumió así: "Es un cambio de lógica, que pasa de lo escrito a lo oral y eso implica la presencialidad constante de los operadores del sistema". Según explicó, bajo el procedimiento actual gran parte de las investigaciones se tramita por escrito.

Con el nuevo modelo, las decisiones que hoy se toman sobre el papel se discuten frente a un juez. Entre ellas, Lazzaneo mencionó las prisiones preventivas, los planteos sobre pruebas y las instancias previas al juicio. Sobre el rol de la Fiscalía, dijo que todo lo que deba alegar "lo debe hacer en una audiencia ante un juez de garantía".

Lazzaneo también advirtió sobre el efecto de los acuerdos de juicio abreviado. Esos acuerdos pueden cerrar una causa con condena en menos tiempo que un proceso tradicional, y ese ahorro de plazos, según su análisis, puede acelerar el ingreso de condenados a las cárceles. En sus palabras, "Es un factor que lleva, me parece a mí, a un encarcelamiento mucho más rápido".

Entre Ríos no tiene cárceles federales propias. Los detenidos de esa jurisdicción se alojan en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú y en la Unidad Penal Nº 3 de Concordia, por convenios con la provincia, donde funcionan sectores destinados a causas federales. El punto más sensible, para el funcionario, es el régimen penal juvenil: "Hoy las cárceles no están preparadas para alojar menores de 18 años", advirtió. Reconoció que no sabe qué establecimientos podrían destinarse a esa función en la provincia.

La Junta remarcó que la puesta en marcha exige recursos humanos, infraestructura y herramientas tecnológicas suficientes. Sus integrantes sostuvieron que la reforma no puede limitarse a cambios normativos y que debe reflejarse en el servicio de justicia. Entre los participantes figuró Cintia Graciela Gómez, de Paraná.

En Paraná, la nueva oficina de la defensa pública de víctimas funciona en calle 25 de Mayo y tiene competencia ante los juzgados federales de Paraná, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia. Lazzaneo explicó que el organismo interviene en casos de trata, explotación sexual o laboral, abusos sexuales y violencia institucional en ámbitos federales. La asistencia no es automática: "Lo que se requiere para tener la asistencia de un defensor de víctima es que la víctima quiera ser asistida por la defensa pública". Se evalúan además la situación económica, la vulnerabilidad y la gravedad del delito.

Por ahora, la defensoría cuenta con una secretaría. Los equipos técnicos especializados todavía no están incorporados, aunque, según indicó Lazzaneo, la Defensoría General de la Nación dispone de consultores técnicos a los que puede recurrir.