El Senado analiza el miércoles cambios al proyecto de Transparencia y Ética Pública

El miércoles 21, a las 11, las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de Entre Ríos se reúnen de forma conjunta para analizar cambios al Expediente N° 26.785, el proyecto de Transparencia y Ética Pública enviado por el Poder Ejecutivo. La primera comisión la preside Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón); la segunda, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos). El proyecto ya tiene media sanción de Diputados.

El texto reglamenta los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial. Según el portal del Senado, busca regular las normas de conducta en el ejercicio de la función pública, con el objetivo de dar publicidad, transparencia y ficha limpia a las personas y a sus actos jurídicos. Establece deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para quienes se desempeñan en los tres poderes del Estado, sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes fijen para algunos funcionarios y empleados.

El secretario de Justicia, Julián Maneiro, explicó en una entrevista cómo funcionaría la Ficha Limpia. La restricción para acceder a cargos públicos o presentarse a elecciones se aplicaría en determinados casos de condenas penales, y alcanzaría tanto a candidatos como a funcionarios de los tres poderes. El Ejecutivo pretende mantener el criterio de doble conforme que incluyó Diputados: si una condena de primera instancia es ratificada en segunda, la inhabilitación rige sin esperar que la sentencia quede firme. Maneiro sostuvo que no alcanzaría a quienes sólo están denunciados o investigados. Mencionó como delitos comprendidos los hechos de corrupción, el abuso sexual y las estafas dolosas, entre otros graves.

Para el funcionario, la norma no opera como medida preventiva: “No se trata de medidas preventivas, sino de una condena, con las debidas garantías del Estado de derecho, el debido proceso y el derecho de defensa”, remarcó.

El proyecto también prevé declaraciones juradas patrimoniales anuales, cuyos aspectos principales serían públicos, además de un régimen de obsequios, un código de ética y una oficina que analice incompatibilidades y conflictos de intereses. Maneiro señaló que el objetivo es que la ciudadanía pueda controlar la evolución del patrimonio de quienes ejercen funciones públicas.

Maneiro expresó la expectativa de que el Senado lo sancione en los próximos días: “Tenemos mucha expectativa de que se concrete en estos días la sanción por parte de la Cámara de Senadores. Seguramente volverá a Diputados para su ratificación”. Consultado sobre el calendario electoral, explicó que el Código Electoral vigente permite al gobernador, Rogelio Frigerio, decidir mediante un decreto de convocatoria si las elecciones provinciales se realizan junto con las nacionales o por separado. Cambiar esa regla requeriría una nueva ley.

En paralelo, la comisión que preside Gabriela Lena, en Diputados, continúa el análisis del expediente 29.702, que reforma el Código Procesal Laboral (Ley 5.315). El proyecto del Poder Ejecutivo elimina la exigencia de depositar el capital de condena, o de garantizarlo con bienes, para que el empleador pueda apelar. Según el texto, “busca fortalecer las garantías del debido proceso y adecuar el sistema de pericias médicas a la legislación nacional en causas por riesgos del trabajo”. También crea tres cargos para un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos en el Poder Judicial, que se cubrirían por concurso, y exime al Estado provincial del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales.

Para el martes 20, desde las 12, estaba prevista la exposición de Miriam Clerici (IAPSER), Carolina Díaz (Superintendencia de Riesgos del Trabajo), Ignacio Subizar (Comisiones Médicas) y Mauricio Benintende, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná. En la reunión del miércoles 14 habían participado el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Por el Ejecutivo asistieron Matías Plugoboy y Jorge Yuri; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, no pudo hacerlo por motivos de agenda.