Sociedad
La Corte Suprema de EE.UU. no interviene en la disputa por una norma migratoria de Biden
La norma, que permitía pausar algunas deportaciones, sigue bloqueada por una orden acordada entre Texas y el gobierno de Donald Trump.
Redacción La Bajada ·
El martes 27 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos declinó intervenir en una disputa sobre una regulación migratoria adoptada durante la presidencia de Joe Biden. La norma permitía a los jueces de inmigración pausar algunos procesos de deportación. El tribunal resolvió el caso mediante una breve opinión sin firmar.
Las ciudades de Baltimore, Columbus (Ohio) y New Haven (Connecticut), junto con la organización Centro Legal de la Raza, habían pedido sumarse al caso para defender la norma. Un juez no les permitió intervenir, y presentaron una apelación de emergencia ante la Corte Suprema. Las representó Democracy Forward, que sostuvo que Texas y el gobierno de Donald Trump colaboraron para que la regulación quedara bloqueada de manera permanente en los tribunales, sin pasar por un proceso público de elaboración de normas.
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El origen del conflicto es una demanda de Texas. El estado sostuvo que la práctica conocida como cierre administrativo, que suspende expedientes sin resolverlos, se había ampliado de forma drástica durante la gestión de Biden y permitía que muchas personas permanecieran en el país de manera indefinida. Texas y el gobierno de Trump aceptaron una orden judicial que bloqueó la regulación, y su efecto quedó extendido a todo el país.
En el tribunal, el Departamento de Justicia pidió rechazar la apelación. Argumentó que las ciudades no tenían legitimación legal para impugnar el acuerdo y que no habían demostrado un perjuicio legal inmediato. La resolución de la Corte fue una frase: “Se deniega la solicitud de suspensión presentada ante el Juez Alito y remitida por él al Tribunal”.
Las organizaciones demandantes advirtieron que la falta de este mecanismo podría reducir la disposición de algunos inmigrantes a denunciar delitos o a declarar como testigos, por temor a ser deportados. En un comunicado conjunto, las ciudades cuestionaron el procedimiento con una frase: “Este peligroso abuso del proceso judicial amenaza el estado de derecho y sienta un precedente preocupante para desmantelar políticas federales sin una participación pública significativa ni un escrutinio judicial”.
Por ahora, la regulación sigue bloqueada por la orden acordada entre Texas y el gobierno federal.
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