Trump pide a la Corte Suprema reanudar las obras del muro en Big Bend, Texas

El Gobierno de Estados Unidos pidió a la Corte Suprema que levante la suspensión de las obras del muro fronterizo en Big Bend, un sector de la frontera con México en Texas que incluye parte del Parque Nacional Big Bend. El pedido lo presentó el 21 de octubre el Departamento de Justicia, a cargo del procurador general John Sauer, y busca reactivar una construcción frenada desde el 2 de octubre por orden de una jueza federal.

La jueza Kathleen Cardone prohibió levantar barreras, construir infraestructura vinculada y hacer movimientos de tierra en ese sector sin respetar las leyes aplicables. También suspendió tres exenciones legales que facilitaban esos trabajos. La demanda la presentaron Friends of the Ruidosa Church, una asociación en defensa de una iglesia histórica de Ruidosa, el Centro para la Diversidad Biológica y un residente que trabaja como guía fluvial.

Para la jueza, el Gobierno no tenía una autorización clara del Congreso para aplicar esas exenciones ambientales en Big Bend, una zona donde la entrada irregular es menor que en otros sectores de la frontera. La Administración sostiene lo contrario: dice que entre 2021 y 2025 la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 89.000 personas que intentaron cruzar por la región, que abarca casi una cuarta parte de la frontera terrestre con México.

El conflicto gira en torno a la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996, que permite al secretario de Seguridad Nacional dispensar exigencias legales para acelerar barreras fronterizas. Las tres exenciones, firmadas este año, alcanzan normas ambientales e históricas, como la Ley de Especies en Peligro. La primera la firmó la entonces secretaria Kristi Noem, que a principios de 2026 habló de una "necesidad aguda e inmediata" para avanzar con el proyecto. Las dos siguientes las firmó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien las justificó por motivos de seguridad en una publicación del Registro Federal del 15 de mayo.

El escrito del Departamento de Justicia acusa a la jueza de haber actuado sin fundamento y sostiene: "Sólo este tribunal de distrito ha considerado oportuno pisotear la clara autorización del Congreso (...) mediante la usurpación judicial de las órdenes". El Gobierno también pide que la Corte acepte el caso y revoque la decisión de forma sumaria.

La suspensión afecta a cinco contratos de construcción, según la presentación judicial, y genera gastos de mantenimiento de equipos, alquileres y seguridad. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) calculó que esas obligaciones superan los 460.000 dólares diarios, incluso sin actividad en las obras.

El comisionado de la CBP, Rodney Scott, defendió el proyecto en una entrevista. Advirtió que dejar Big Bend sin infraestructura mientras se refuerzan otros tramos podría desviar hacia esa región el tránsito clandestino: "Estoy 100% convencido de que quedará completamente desbordada y destruida". Según Scott, los planes para el parque no incluyen grandes muros de acero, y la agencia mantiene conversaciones con residentes. La administración informó que construye unas 12 millas (19 kilómetros) por semana y que el muro principal estaría terminado en diciembre de 2027.

El magistrado de la Corte Suprema Samuel Alito pidió a los demandantes que respondan antes del 29 de octubre. Hasta entonces no hay resolución sobre el pedido, y el tribunal no decidió si acepta el caso.

La construcción del muro es una prioridad de la política migratoria de Trump desde enero de 2025, cuando ordenó reforzar la seguridad en la frontera sur con barreras físicas. La disputa de fondo es si el Congreso autorizó al Ejecutivo a dispensar esas normas en Big Bend.