Cuatro organizaciones demandan al ICE por ocultar la ubicación de detenidos

Cuatro organizaciones que brindan servicios legales a inmigrantes presentaron el miércoles 28 de octubre una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La causa tramita ante el Tribunal de Distrito federal para el Distrito de Massachusetts, en Boston, y se identifica como Greater Boston Legal Services et al. v. Mullin. Los demandantes son Greater Boston Legal Services, Rian Immigrant Center, Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Amica Center for Immigrant Rights.

Según la demanda, el ICE modificó alrededor del 15 de septiembre el Sistema en Línea de Localización de Detenidos (ODLS, por sus siglas en inglés), sin anuncio previo. Hasta entonces, familiares y abogados podían consultar allí dónde estaban alojadas las personas detenidas. La política, denominada ODLS Final Order Policy, excluye a los adultos con orden definitiva de expulsión: la búsqueda puede devolver un resultado vacío aunque la persona siga bajo custodia federal.

La restricción también alcanza a las consultas directas. De acuerdo con la demanda, el personal del ICE recibió instrucciones de no informar por teléfono ni en persona dónde se encuentran esos detenidos. Las líneas de asistencia, por su parte, dependen de los mismos mecanismos o derivan a los usuarios al portal. Las organizaciones estiman que entre 16.000 y 20.000 personas quedaron fuera del sistema.

Los abogados describen efectos concretos. Según la demanda, desde que rige el cambio no pudieron encontrar a varios clientes y posibles clientes, y dedicaron “significativamente más tiempo” a localizar a otros. Algunos recurrieron a un sistema del ICE para programar llamadas legales, pero según la demanda sólo un pequeño porcentaje de los centros de detención lo utiliza. Por eso, indican, hubo presentaciones demoradas o perdidas.

En la demanda, las organizaciones sostienen que el cambio viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), porque modificó una práctica vigente durante unos 16 años sin explicar los motivos. También invocan la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la capacidad de los abogados para asesorar a sus clientes y buscarlos. En un comunicado conjunto, los abogados afirmaron: “Al optar por ocultar incluso la información más básica sobre miles de personas bajo su custodia, el gobierno está bloqueando ilegalmente su acceso a asesoría legal y a los tribunales”. Además, reclaman la divulgación de los detalles de la medida bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), porque el gobierno no la publicó oficialmente.

Las agencias no confirmaron públicamente el cambio, pero señalaron que dan prioridad a las personas con órdenes finales de expulsión para ser deportadas. También mencionaron un “número histórico de medidas cautelares” de tribunales que traban sus esfuerzos. Negaron que estén haciendo desaparecer a los detenidos y sostienen que estos siguen pudiendo hacer llamadas telefónicas. Hasta el momento, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a los pedidos de comentarios sobre la demanda.

Las organizaciones pidieron al tribunal que suspenda la política mientras se tramita el caso y que, al resolver, la deje sin efecto. También solicitan que se ordene al ICE restablecer la información de los detenidos en el sistema público de localización. La demanda describe la medida como “ilegal e inhumano” y pide un fallo que la bloquee. El próximo paso es la decisión del juez sobre el pedido de suspensión.