Fiscales de California y otros 20 estados cuestionan los arrestos de inmigrantes sin orden

Una coalición de fiscales generales de California y otros 20 estados, además del Distrito de Columbia, presentó el martes 20 de octubre un escrito como amigos de la corte (amicus curiae) ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. Se trata de un documento con el que instituciones ajenas a las partes de un litigio aportan argumentos. El escrito respalda la demanda colectiva Escobar-Molina contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentada en 2025, que impugna los arrestos de inmigrantes sin orden judicial. La coalición está encabezada por California, Colorado y el Distrito de Columbia.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permite que los agentes practiquen detenciones civiles sin orden judicial sólo si tienen causa probable para creer que la persona permanece en el país sin autorización y que podría fugarse antes de que se obtenga una orden. Los fiscales sostienen que los agentes federales de inmigración arrestan de forma habitual sin evaluar ese riesgo de fuga. Según denuncian, la práctica ha causado “graves daños” a comunidades de todo el país.

Los fiscales cuestionan además el uso de pasamontañas, gafas oscuras, ropa de civil y vehículos sin distintivos, así como la negativa de los agentes a identificarse durante los operativos. Según la coalición, esas modalidades dificultan que la población reconozca a los funcionarios, pueden provocar confusiones con delincuentes y facilitan que terceros se hagan pasar por agentes. El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo en un comunicado: “Los agentes federales de inmigración están arrestando a personas sin la debida determinación de causa probable, a menudo enmascarados, con chalecos antibalas y portando armas letales”.

Según los datos incluidos en el escrito, en Los Ángeles las llamadas de emergencia al Departamento de Policía disminuyeron un 28% después de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presentación también describe efectos en otros ámbitos: algunas familias dejan de enviar a sus hijos a la escuela, algunas personas postergan consultas médicas y los operativos pueden reducir la asistencia de trabajadores en sectores como la agricultura, la construcción, los restaurantes y el cuidado infantil.

Los fiscales señalan que las jurisdicciones que representan albergan a más de 30 millones de inmigrantes, alrededor del 19% de la fuerza laboral del país. Recordaron que el presidente Donald Trump prometió deportar a delincuentes violentos, pero sostuvieron que los arrestos sin orden están “aterrorizando” a las comunidades. El fiscal general de Connecticut, William Tong, uno de los demandantes, afirmó: “Sus acciones hiperagresivas, apresuradas y caóticas han causado muertes y lesiones innecesarias. Existe una razón por la que el debido proceso básico existe en Estados Unidos y Trump necesita aprender a respetar la ley”.

La presentación busca sostener la medida cautelar que exige al Gobierno federal respetar las condiciones legales para practicar arrestos migratorios sin orden judicial. El caso sigue ahora ante el tribunal de apelaciones.