Sociedad
El tasador de Miami-Dade calcula un alivio de 353 millones de dólares por la Enmienda 3
Florida TaxWatch proyecta que los gobiernos locales del estado pierdan 45.800 millones de dólares entre 2027 y 2032, y el texto de la reforma fija en qué pueden gastar lo que recauden.
Redacción La Bajada ·
El tasador de propiedades del condado de Miami-Dade, Tomás Regalado, estimó que los contribuyentes del condado recibirán reducciones de impuestos por 353 millones de dólares durante el primer año de vigencia de la Enmienda 3, y que el alivio podría rondar los 500 millones en el segundo. Según el funcionario, el monto final dependerá de cada municipio y de la situación tributaria de cada vivienda. Regalado, que había defendido la iniciativa durante la campaña, dijo: “No esperaba una victoria tan contundente”.
Florida TaxWatch, que preside el ex vicegobernador republicano Jeff Kottkamp, calculó que un propietario con exención en la ciudad de Miami podría ahorrar unos 1.216 dólares en 2027 y 2.448 dólares en 2028. Kottkamp atribuyó el resultado al malestar económico de los hogares: “En todo el país, fueron unas elecciones en las que la gente se preocupó por su bolsillo”.
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Gobiernos locales, el punto más sensible
El principal interrogante es cómo cubrirán los municipios la pérdida de recursos. Florida TaxWatch proyectó que la enmienda podría restar 45.800 millones de dólares a los gobiernos locales del estado entre 2027 y 2032.
Henry Torres, presidente de la constructora Astor Companies, anticipó que algunos municipios podrían elevar tarifas de impacto, permisos y otros cargos vinculados al desarrollo inmobiliario. Antes de la votación afirmó que el sector comercial “probablemente se vería perjudicado” si las autoridades buscan compensar los menores ingresos con nuevos cobros.
Alexander Ruiz, director de operaciones de Prestige Companies, espera que los gobiernos locales “intenten compensar la pérdida de ingresos de alguna manera”. Jackson Peel, vocero de un comité opositor a la medida, sostuvo que las tarifas podrían ser una vía para recaudar sin enfrentar el proceso político que exige un aumento de impuestos. Regalado, en cambio, dudó de que los funcionarios locales quieran subir impuestos por el costo electoral, y dijo que deberán revisar gastos y ajustar presupuestos.
Inquilinos, comercios y ventas
La directora ejecutiva de Miami Homes For All, Annie Lord, señaló que la exención no llega de forma directa a los inquilinos, y coincidió en que tanto los residenciales como los comerciales podrían enfrentar aumentos. Nicole Fox, analista de Tax Foundation, advirtió que los dueños de inmuebles comerciales y de segundas residencias podrían sufrir mayor presión fiscal. Barry Sharpe, presidente de Sharpe Properties, afirmó que ese costo podría trasladarse a los contratos de alquiler.
Otro efecto posible es una menor disposición a vender inmuebles comerciales. Brian Sharpe, vicepresidente de Sharpe Properties, explicó que una venta restablece el valor imponible al precio de mercado, por lo que el comprador pierde el límite previo sobre la tasación. Lo describió como “esposas de oro”, porque puede llevar a los propietarios a conservar sus activos en vez de venderlos.
Reglas de residencia, uso de fondos y próximos pasos
Según el texto de la enmienda, desde el 1 de enero de 2030 los condados y municipios podrán reducir el requisito de cinco años de residencia si dos tercios del cuerpo de gobierno determinan que existe una necesidad local crítica. El mismo texto fija los fines a los que pueden destinarse los impuestos recaudados: seguridad pública, educación y escuelas públicas, infraestructura, control de inundaciones, pago de deudas existentes, obligaciones jubilatorias de empleados locales y operación de condados, comisionados y municipios.
La reforma también exige a la Legislatura crear un calendario para eliminar por completo los impuestos a la propiedad no escolares en las viviendas principales. El gobernador Ron DeSantis calificó la aprobación como “el comienzo de nuestros esfuerzos por eliminar el impuesto a la propiedad”. La Legislatura deberá definir la normativa necesaria para aplicar la reforma antes de que entre en vigencia el 1 de enero de 2027.
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