La Cámara Federal rechazó el querellante en la causa por los viajes de Milei

La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó el rechazo al pedido de un abogado particular para actuar como querellante en la causa por los viajes de Javier Milei al exterior. Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico también declararon abstracta la apelación contra el archivo de la denuncia, por lo que el tribunal no examinó el fondo de la decisión.

La denuncia se presentó el 14 de abril de 2026 y pedía investigar si se usaron fondos públicos para financiar giras con fines personales y partidarios. Los delitos señalados eran malversación de caudales públicos, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el escrito, algunos viajes no respondían a la representación oficial del país y habrían vulnerado la decisión administrativa 9/2026, que fija límites a la conformación de las comitivas oficiales. El denunciante habló de “considerables erogaciones del patrimonio público para fines particulares” y pidió extender la investigación a la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei.

Antes de decidir si abría una investigación penal, el fiscal federal Carlos Rívolo pidió a la Secretaría General de la Presidencia un informe con las fechas, los destinos, los motivos y los integrantes de cada viaje. También consultó al Senado si existían pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre el tema. Con esa documentación, dictaminó desestimar la denuncia.

En su dictamen, Rívolo sostuvo que el informe oficial “no ofrece dudas en cuanto a que en todos los casos se trató de viajes de carácter oficial”. Separó así la discusión política del delito: “Más allá de que puedan gustar o no las razones o la finalidad de cada uno de los viajes oficiales del Presidente de la Nación”, dijo, se trata de decisiones que quedan fuera del control judicial si no se apartan de la normativa vigente. Concluyó que “al menos por ahora, no existen motivos válidos para la intervención de la justicia penal”.

Rívolo recordó que el derecho penal debe ser la “última ratio del ordenamiento jurídico”. Señaló que el Congreso cuenta con sus propios mecanismos de control y que varios legisladores presentaron pedidos de informes sobre los viajes, algunos todavía en trámite.

La jueza María Romilda Servini, del Juzgado Federal N° 1 de Comodoro Py, dispuso el archivo de las actuaciones. El denunciante apeló esa decisión y también el rechazo a su pedido de ser querellante. Sostuvo que el informe de la Presidencia confirmaba que numerosos viajes tenían finalidades ajenas a la representación institucional y que el eventual uso indebido de fondos lo alcanzaba como contribuyente y ciudadano.

La Sala II respondió que esa condición no alcanza. Para ser querellante, explicó, es necesario demostrar un perjuicio “especial, concreto y directo” que exceda el interés que ya representa el Ministerio Público Fiscal. Como no le reconoció legitimación, el tribunal no revisó los fundamentos de la apelación contra el archivo.

Queda pendiente el trámite de los pedidos de informes presentados en el Congreso, algunos de los cuales siguen en curso.