Una corte de apelaciones de Nueva York revoca el fallo contra el impuesto de Mamdani

El miércoles 4 de noviembre, la División de Apelaciones del Segundo Departamento Judicial de Nueva York, con sede en Brooklyn, revocó por unanimidad la sentencia del 29 de septiembre que había ordenado a la ciudad reiniciar desde cero la implementación del recargo a las segundas residencias de lujo, conocido como pied-à-terre. Aquel fallo lo dictó el juez Wayne Ozzi, de la Corte Suprema estatal en Staten Island. La corte rechazó la petición y desestimó la demanda de un grupo de propietarios representados por el abogado Randy Mastro.

Según el tribunal, los demandantes no acreditaron un perjuicio suficientemente concreto. Recibir un aviso de posible obligación tributaria o figurar en un listado público de propiedades no constituye, a juicio de los jueces, una afectación real. La corte sostuvo que la notificación “cumple una función informativa” y que el legislador debía prever que la lista de destinatarios no sería exacta. El tribunal no se pronunció sobre la legalidad del impuesto.

El gravamen fue aprobado por la Legislatura estatal en mayo e incluido en el presupuesto del año fiscal 2027, con el respaldo de la gobernadora Kathy Hochul. Se aplica como recargo sobre el impuesto inmobiliario a los inmuebles que no son residencia principal del dueño, salvo que estén alquilados o los habite un familiar. Alcanza a condominios y cooperativas con un valor de mercado de al menos USD 1 millón, y a casas de una a tres familias valuadas en USD 5 millones o más. La administración municipal estima que recaudará USD 500 millones por año.

La administración de Mamdani empezó a aplicarlo en julio, cuando el Departamento de Finanzas envió notificaciones iniciales a unos 17.000 propietarios. Los demandantes objetaban que el sistema les exigía probar que vivían en sus casas, en lugar de que la ciudad verificara esos datos con sus propios registros. Tras el fallo de septiembre, la ciudad apeló y siguió con la implementación.

Mamdani celebró la decisión. En un comunicado dijo: “Desde el primer día, quienes tienen más intentaron usar todos los recursos legales disponibles para proteger su riqueza y evitar contribuir más a nuestra ciudad”. Mastro, por su parte, lamentó que el tribunal se haya limitado a la cuestión de la legitimación sin entrar en el fondo del caso. En declaraciones públicas sostuvo: “Lo que hizo la ciudad es un acto inconcebible: intentar enredar a miles de personas que no deben este recargo en la obligación de probar que viven en sus propias casas”.

Las dos demandas pendientes, tramitadas en el condado de Suffolk, en Long Island, sostienen que el recargo excede los límites que la Constitución estatal fija a la recaudación inmobiliaria anual de la ciudad. También alegan que discrimina a propietarios de otros estados, en contra de la Constitución de Estados Unidos. Mastro anticipó que la constitucionalidad del impuesto se definirá el próximo mes y dijo confiar en poner fin al recargo. Hasta entonces, la ciudad continúa con la implementación.