Sociedad · Entre Ríos
Sauce de Luna deberá pagar $14.278.533,77 por una condena en un juicio con un proveedor
El monto incluye $10.397.908,82 de capital e intereses y $3.880.624,95 en honorarios y costas. La comuna atribuye la deuda a la gestión anterior de Pablo Soreira y Alicia Giles.
Redacción La Bajada ·
La Municipalidad de Sauce de Luna, departamento Federal, deberá pagar $14.278.533,77 tras una condena judicial en un juicio por cobro de pesos iniciado por Francisco José Ramírez, dueño de una ferretería y corralón que provee materiales al municipio. El monto suma $10.397.908,82 de capital e intereses de la liquidación y $3.880.624,95 en honorarios y costas de los profesionales y de la mediadora, sin IVA.
El juicio se inició el 4 de junio de 2024 en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Federal. Ramírez reclamó $4.825.787,00 más intereses y costas, y sostuvo que el Municipio había dejado de pagarle el 23 de noviembre de 2023.
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La comuna rechazó la mayor parte del reclamo. Reconoció una deuda de $1.396.045,00 y argumentó que las órdenes de compra no estaban firmadas por el intendente ni por el secretario general, que faltaban remitos y que la deuda no figuraba en el acta de traspaso de mando del 10 de diciembre de 2023 ni en el detalle de deuda flotante.
El 26 de julio de 2026 el juez Omar Ovando hizo lugar al reclamo por $4.825.787,00, con intereses equivalentes a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina a 30 días desde que cada factura se volvió exigible. Con esos intereses, la cifra superó los $10 millones. El 25 de septiembre de 2026 el magistrado aprobó la liquidación presentada por la parte actora y reguló los honorarios: $961.534,67 para Nicasio Roberto Tito y $856.381,62 para Federico Passarella, abogados de Ramírez; $1.420.987,20 para Juan Manuel Benítez, y $641.721,46 para la mediadora Rocío Cardoso.
La administración del intendente Alcides Alderete atribuyó la deuda a la gestión anterior en un comunicado. Según el texto, la obligación “representa un importante compromiso económico para el Municipio y afecta los recursos públicos que pertenecen a todos los vecinos”. La comuna también advirtió que el pago genera una seria presión sobre sus finanzas y que las obligaciones judiciales “comprometen recursos que podrían destinarse a atender las necesidades de nuestra comunidad”.
Por último, el juzgado ordenó emitir el formulario de tasa de justicia a nombre de Ramírez.
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