La defensa de Christa Pike pidió 120 días para ampliar su demanda contra Tennessee

Los abogados de Christa Pike solicitaron 120 días para reformular la demanda que iniciaron contra el Departamento Correccional de Tennessee (TDOC). El planteo consta en una notificación del 14 de octubre de 2026 ante la Corte de Cancillería del Condado de Davidson. La defensa, a cargo de Randy Spivey, argumenta que todavía no se sabe hasta dónde llegaron los daños físicos, mentales y psicológicos que Pike sufrió en el intento de ejecución del 30 de septiembre.

El Estado contestó que sólo aceptaba 30 días, con una condición: que el conteo empiece “después de que la señora Pike sea dada de alta de la enfermería”. Mientras siga internada en esa dependencia, el plazo no correría.

Pike, de 50 años, salió el 9 de octubre de una clínica privada y fue llevada al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, bajo custodia del TDOC. Tres días después, el 12 de octubre, su equipo se contactó con los representantes del Estado para acordar una modificación conjunta de la demanda.

Para Spivey, el límite de 30 días queda en manos del propio TDOC, que además regula el contacto de la condenada con sus abogados y con especialistas en salud mental. Según el escrito, eso le dificulta participar en la redacción de la versión ampliada.

Con el traslado perdieron vigencia cuatro cuestiones que la Corte de Cancillería había mandado revisar: las sujeciones físicas durante la hospitalización, el uso de una tableta electrónica, la comunicación con los abogados y la exigencia de avisar con 48 horas de anticipación cualquier traslado desde la clínica.

En el hospital, Pike pasó varios días inconsciente y con respiración asistida. Sus abogados llegaron a pensar que había sufrido muerte cerebral, pero recuperó la conciencia, empezó a caminar con ayuda y volvió a hablar en frases completas antes del alta.

Su futuro judicial sigue sin definirse. En una audiencia del 7 de octubre, un abogado del Estado dijo que una eventual nueva orden de ejecución depende de la Corte Suprema de Tennessee. Por su parte, el gobernador Bill Lee dispuso una revisión independiente del procedimiento, y las ejecuciones previstas hasta fin de año quedaron suspendidas. Resta que se resuelva el plazo para ampliar la demanda.