Justicia de EE.UU. pide a California identificar presuntos votantes no ciudadanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió el viernes cartas a los funcionarios electorales de 57 de los 58 condados de California. Les pide que identifiquen a posibles no ciudadanos entre los votantes registrados y que colaboren con el gobierno federal, bajo amenaza de acciones legales. Las elecciones legislativas de medio mandato se celebran el 3 de noviembre.

Según los textos que difundió el Departamento, los funcionarios tienen 48 horas para determinar quiénes de los nombres de la lista son ciudadanos. Bilal Essayli, primer fiscal federal auxiliar del Distrito Central de California, advirtió que quienes sigan procesando boletas de personas señaladas sin verificar su condición se expondrían a “escrutinio federal significativo y consecuencias legales”. En la carta enviada al condado de Contra Costa, el fiscal federal para el Distrito Norte, Craig Missakian, detalló que el objetivo es determinar “quién es ciudadano y quién no”.

El gobierno pide datos personales de los votantes señalados, como números de seguro social, copias de identificaciones estatales y formularios de inscripción. Para quienes no pueda confirmarse el estatus, solicita que las oficinas “segreguen —no cancelen— las boletas de voto por correo hasta que se pueda determinar su ciudadanía”.

Cada carta contiene una parte de una lista de 20.000 personas que, según la administración, figuran como no ciudadanos inscritos. Las cifras varían por condado: 1.754 nombres en Orange, 1.355 en Riverside, 1.133 en San Bernardino y 63 en San Luis Obispo.

La medida se inscribe en una disputa más amplia. El presidente Donald Trump sostiene que hay numerosas personas no ciudadanas inscritas para votar. La administración apunta a todos los estados, aunque en este caso se concentra en California, donde las tensiones con el gobernador Gavin Newsom han aumentado en los últimos días. California envía una boleta a cada votante registrado, práctica que el gobierno federal señala como una vía para que personas no elegibles reciban papeletas. La semana pasada, el Departamento de Justicia demandó al estado y al condado de Los Ángeles para impedir el conteo de más de 20.000 votos por correo que, según el Gobierno, provienen de personas que no serían ciudadanas estadounidenses. Ese caso sigue pendiente.

Algunos funcionarios electorales de California rechazaron el ultimátum. En Contra Costa, la portavoz del Departamento de Elecciones, Dawn Kruger, declaró que “esa carta llegó 11 días antes del día de la elección con un plazo de 48 horas inaplicable”. En Napa, el registrador de votantes John Tuteur recibió la carta de manos de dos agentes uniformados del Departamento de Seguridad Nacional. La lista incluía 42 nombres sobre un padrón de unas 86.000 personas. “No vamos a cambiar nada de lo que hacemos. Seguimos adelante con la elección”, dijo Tuteur.

La oficina del registrador del condado de Los Ángeles revisó una muestra de 200 registros de la lista federal y encontró inscripciones canceladas o inactivas, personas sin historial de voto y votantes que parecían haber nacido en Estados Unidos. Según una declaración judicial de la registradora adjunta Monica Flores, eso constituye “prueba sólida de ciudadanía”. En Mendocino, la registradora Katrina Bartolomie afirmó que había nombres de votantes de otra jurisdicción: “No son nuestros votantes los que figuran ahí. Son de otro condado”. La fiscalía general de California señaló en una presentación judicial que las cartas contienen errores, como personas que no residen en los condados a los que se enviaron.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito escuchó el domingo argumentos en una sesión extraordinaria. La administración había recurrido porque consideraba demasiado lento al juez de distrito del caso, que fijó una audiencia para el 27 de octubre. El juez Mark Bennett, designado por Trump, cuestionó si la corte de apelaciones tenía jurisdicción antes de un fallo del tribunal inferior. Recordó además que la Cláusula Electoral de la Constitución da a las legislaturas estatales la potestad de fijar el momento, el lugar y la modalidad de las elecciones al Congreso. Según el juez, el Poder Ejecutivo federal puede “estar disconforme con lo que hacen y no gustarle la modalidad”, pero esa prerrogativa pertenece al estado.

El abogado del Departamento de Justicia, Matthew Donnelly, sostuvo que California provoca un “daño irreparable al permitir que no ciudadanos voten en violación de sus propias leyes estatales”. Próximo paso: la audiencia del 27 de octubre ante el juez de distrito, mientras la corte de apelaciones evalúa el planteo.