Justicia de EE.UU. pidió a Washington apartar votos de 405 presuntos no ciudadanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) pidió a las autoridades electorales del estado de Washington que aparten del recuento los votos por correo de 405 personas que, según el Gobierno federal, estarían inscriptas de manera ilegal. La solicitud fue entregada al secretario de Estado, Steve Hobbs, por los fiscales federales Neil Floyd, interino del distrito occidental, y Pete Serrano, del distrito oriental. Las boletas quedarían sin contar hasta que se verifique la ciudadanía de cada persona, a una semana de las elecciones generales del 3 de noviembre.

La lista surgió de una comparación que hizo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entre un listado público de electores y datos gubernamentales. Los funcionarios sostienen que gran parte de los nombres corresponde a residentes permanentes con green card, un estatus migratorio legal que no habilita a votar en elecciones federales. Según ellos, algunas de esas personas participaron en las primarias de agosto y el grupo habría emitido más de 1.500 votos en distintas elecciones. Floyd sostuvo que el caso es mayor: “Esto es solo la punta del iceberg”.

La carta federal dio a Hobbs un plazo de 48 horas para revisar la información. Advirtió que, si el estado no aplicaba el mecanismo pedido, el organismo “no tendrá más remedio que solicitar ayuda de emergencia” a la Justicia.

La oficina de Hobbs confirmó la recepción de la carta y dijo que analiza la lista, aunque puso en duda la fiabilidad de los datos. Señaló que la nómina incluye registros cuyo último voto data de la década de 1990, uno de ellos de 1994. Según la oficina, desde entonces se emitieron más de 113 millones de papeletas en elecciones primarias y generales del estado. Hobbs advirtió además que el sistema federal podría clasificar erróneamente a ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos.

Hobbs vinculó el pedido con la fecha de la votación. Dijo que el momento de la solicitud “busca sin duda sembrar sospechas infundadas sobre los resultados”. También afirmó que el estado responderá sólo a pedidos que respeten el debido proceso y agregó: “no queremos que los residentes de Washington sean acosados”.

El pedido a Washington llega después de que el DOJ exigiera a California separar las boletas por correo de unos 20.000 electores que considera probablemente no ciudadanos. Luego demandó a ese estado para impedir que esos votos se contaran antes de verificar la ciudadanía de quienes los emitieron.

El DOJ advirtió que los residentes permanentes que declaren falsamente su ciudadanía para inscribirse como electores pueden enfrentar cargos penales, con penas máximas de cinco años de prisión federal. También señaló que quien votó ilegalmente podría tener dificultades en su proceso de naturalización. En la carta reconoció que algunas de las personas señaladas podrían haber obtenido la ciudadanía sin que su registro migratorio esté actualizado, aunque no precisó cuántas.

La Secretaría de Estado anunció que examinará la información y evaluará si el pedido es compatible con las leyes estatales y federales. El plazo de 48 horas vence antes de la elección del 3 de noviembre.