Política · Entre Ríos
Un jubilado bancario presentó un amparo contra la reforma jubilatoria entrerriana
Orlando Alberto Jorge reclama diferencias de movilidad y cuestiona el criterio de referencia salarial de la Ley N° 11.302. El presidente de la Caja, Gastón Bagnat, sostiene que la reforma no causó perjuicios.
Redacción La Bajada ·
Orlando Alberto Jorge, abogado jubilado de 82 años, presentó una acción de amparo contra el Gobierno de Entre Ríos y la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Pide que la Justicia declare la inconstitucionalidad del artículo 34 de la Ley N° 11.302, que sustituyó el artículo 71 de la Ley N° 8.732, y del artículo 7 y concordantes de la Resolución N° 4.924/26 de la Caja. La causa quedó a cargo del juez de juicio Juan Francisco Malvasio.
La Legislatura sancionó la Ley N° 11.302 el 29 de julio, y fue promulgada el 20 de agosto. El nuevo texto dispone que los haberes sean móviles según los incrementos que el Poder Ejecutivo acuerde con el escalafón que reúna la mayor cantidad de aportantes. Si no hay acuerdo, las actualizaciones pueden fijarse por decreto. Los aumentos se trasladan a los jubilados sin importar el escalafón al que pertenecieron en actividad.
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La Caja reglamentó el mecanismo con la Resolución N° 4.924/26, del 25 de septiembre de 2026. Según el demandante, la norma tomó como referencia al personal del Consejo General de Educación (CGE) y sólo traslada los aumentos de carácter remunerativo y alcance general.
Jorge accedió a la jubilación en 1995, después de trabajar en el ex Banco de Entre Ríos SEM. En su presentación sostiene que, durante más de tres décadas, "la Caja movilizó mi haber conforme a los incrementos salariales acordados para el personal bancario en actividad". El 15 de octubre recibió una acreditación de $199.776 en concepto de movilidad, equivalente al 3,5% de su último haber, liquidada bajo el código 5001. Para el jubilado, “Esa suma no corresponde a ningún acuerdo salarial celebrado entre la patronal bancaria y la Asociación Bancaria”.
Jorge pide que la Caja siga liquidando su movilidad según los aumentos del escalafón bancario. También reclama el pago de las diferencias por incrementos anteriores a la reforma, descontando los $199.776 ya acreditados, con intereses. Para justificar la vía del amparo, invoca el carácter de la jubilación: “El haber previsional es medio de subsistencia y reviste carácter alimentario”.
El presidente de la Caja, Gastón Bagnat, dijo en declaraciones radiales que la reforma “no causó ningún tipo de perjuicio ni de confusión al beneficiario”. Según explicó, la Justicia tramitó tres planteos contra la reforma. En los dos primeros, la Caja ganó al sostener que la implementación y la reglamentación fueron correctas. El tercero es un planteo de inconstitucionalidad contra la Ley N° 11.302, que la Caja ya contestó.
Bagnat también detalló cómo se aplicaron los códigos de liquidación: los códigos 5000 y 5001 se unificaron, como estaba previsto, y para el personal bancario se agregó un código 5002, por un incremento pendiente de la paritaria nacional bancaria anterior al 21 de agosto.
Según Bagnat, el Poder Ejecutivo tiene siete días para responder el planteo de inconstitucionalidad contra la Ley N° 11.302.
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