La CGT entrerriana pidió mantener garantías para apelar en la reforma procesal laboral

El martes 3 de noviembre, representantes de las regionales de la CGT entrerriana expusieron ante comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 5.315, el Código Procesal Laboral provincial. La delegación estuvo encabezada por Jorge "Piry" Ávalos, secretario general de la CGT Regional Paraná, y entregó un documento técnico en el que pidió revisar los artículos cuestionados antes de que la reforma se sancione.

El punto más sensible es la eliminación del depósito que el empleador debe hacer para apelar una condena: el proyecto propone derogar el artículo 125, inciso a), del Código. Los gremios plantearon conservar ese depósito o admitir garantías sustitutivas de rápida ejecución, entre ellas seguros de caución otorgados por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser). Federico Colominas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever), sostuvo: "Una sentencia que se gana pero después no se puede cobrar pierde buena parte de su valor."

Sobre las pericias médicas, la CGT cuestionó el cuerpo con sede única en Paraná, integrado por tres profesionales, que atendería a toda la provincia, y propuso una estructura descentralizada o itinerante. Ávalos lo describió así: "Un trabajador que tiene un juicio laboral por un accidente en Gualeguaychú va a tener que venir a Paraná a hacerse el peritaje". Los gremios también pidieron precisiones sobre la especialización de los profesionales y cuestionaron la falta de estudios sobre la cantidad de pericias que deberán realizarse.

La CGT planteó que los dictámenes médicos no deberían ser inapelables ni impedir la presentación de pruebas complementarias. Además objetó el baremo de incapacidades, que para el gremio no puede reemplazar el examen clínico, y el tope uniforme para los honorarios de los peritos, que podría desalentar la participación de especialistas.

La CGT Regional Colón, representada por su subdelegado y por la secretaria de Seguridad Social, Natalia Molinares, rechazó el proyecto. En una declaración pública sostuvo: "Ninguna lesión ni enfermedad laboral puede convertirse simplemente en un número".

Ávalos identificó los despidos y los accidentes laborales como los dos principales motivos de las demandas que llegan a la Justicia. Cuestionó a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) por rechazar coberturas y dar altas prematuras: "Te mandan una semana a hacer kinesiología y después te dan el alta."

También participaron Fabiana Arquiel, del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud Pública de Entre Ríos (Sutser); Marcelo Ríos, de la CGT Regional Concepción del Uruguay; y Julio César Chamorro, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), seccional Concepción del Uruguay. Jorge Sosa, asesor de la Federación de Citrus de Entre Ríos (Fecier), intervino de manera remota.

Colominas aclaró que el movimiento sindical no rechaza de forma automática los cambios: "Modernizar y agilizar la Justicia Laboral puede ser necesario." Antes de avanzar con la sanción, los gremios pidieron abrir una instancia de diálogo y revisar los artículos cuestionados.