Ley de Soberanía: dictamen en Diputados con cambios en sanciones e injerencia extranjera

El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto aprobó este martes el dictamen del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El oficialismo reunió 60 firmas, con el respaldo del PRO, la UCR y los partidos provinciales. Argentina Federal (Salta y Misiones) firmó en disidencia y se opuso al artículo sobre campañas. Hubo cinco dictámenes, con tres propuestas distintas de Provincias Unidas, y el rechazo llegó desde la izquierda y Unión por la Patria.

El cambio más relevante está en las sanciones a empresas que operen en las Islas Malvinas. El texto alcanza a los proveedores de bienes o servicios indispensables para la actividad ilegal que conozcan, o no puedan razonablemente desconocer, su destino. Quedan excluidas las personas humanas con hasta el 2% de participación accionaria, siempre que no designen autoridades, y los fondos de inversión que no ejerzan discrecionalidad sobre los valores adquiridos, es decir, que no deciden directamente qué títulos comprar o vender.

El diputado libertario Damián Arabia sostuvo: “Mantuvimos el régimen de sanciones a quienes exploten nuestros recursos sin autorización extranjera, pero introduciendo garantías para quienes desconocieran el destino ilícito de sus servicios y a las participaciones accionarias minoritarias”.

Las penas también cambiaron. El mínimo para determinados proveedores baja de cinco a dos años. La exploración de recursos naturales no renovables prevé prisión de 8 a 12 años, y la vinculada con hidrocarburos, de 12 a 15. Las multas por las infracciones principales van de 4.000 a 500.000 barriles de petróleo, con suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitación de cinco a 20 años. Cuando el beneficio indebido no puede calcularse, la multa se fija entre 2.000 y 40.000 barriles.

El dictamen acota la intervención del Consejo de Seguridad Nacional en seguridad interior y exige criterios objetivos y decisiones fundadas para declarar crítica una infraestructura, con consultas a reguladores y operadores. En telecomunicaciones, las facultades quedan limitadas a resguardar redes y sistemas, sin posibilidad de usarlas para monitorear, acceder, restringir ni bloquear contenidos. También se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores, que como regla general deberá recibir información sobre determinadas medidas dentro de las 48 horas.

El borrador original penalizaba campañas de desinformación, y entidades periodísticas habían protestado. El dictamen reemplaza esa referencia por la figura de “campaña de injerencia extranjera”, con penas de 5 a 12 años para quien la realice o financie con conocimiento de que actúa por cuenta, orden o bajo financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero. La conducta debe buscar alterar elecciones, afectar la voluntad política o condicionar decisiones. El texto excluye “la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica”. En la disidencia de Argentina Federal se sostiene que el artículo podría usarse para objetar elecciones provinciales.

La sesión en el recinto no tiene convocatoria formal. La Casa Rosada comunicó a los bloques aliados la fecha tentativa del jueves 12 de noviembre, después de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11. El Ejecutivo advierte que varios diputados viajarán a Estados Unidos para seguir las elecciones legislativas del 3 de noviembre, y que el Gobierno quiere llevar el Presupuesto 2027 al recinto en la segunda mitad de noviembre. Adelantar la votación de Malvinas permitiría concentrar después los esfuerzos en ese proyecto.