Ley Malvinas: Martín Menem busca un lugar en el Consejo de Seguridad que crea el proyecto

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, busca un lugar en el Consejo de Seguridad Nacional que el proyecto de ley Malvinas crea. La integración de ese organismo es una de las disputas más grandes en la negociación que el oficialismo mantiene con los aliados antes del plenario de comisiones.

Según el texto, el Consejo lo integran el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministerios de Defensa y Economía, la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Un sector del oficialismo y de los aliados pidió incorporar autoridades del Congreso y un lugar para el Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva. En la Casa Rosada no respondieron a esos pedidos.

Entre las alternativas que se barajaron figuran que el sillón lo ocupe Menem o que lo haga el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. El Gobierno no tiene intención de darle un lugar a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados niegan que Menem frene el proyecto y sostienen que la iniciativa fue anunciada por el Presidente. En la comisión, la legisladora peronista Agustina Propato advirtió que con el Consejo "le están colegiando la Presidencia a Milei", porque diluye las facultades del Poder Ejecutivo entre varias agencias del Estado.

Los cambios que negocia el oficialismo incluyen otros puntos. El Gobierno trabaja en modificaciones para dar más garantías a las empresas estadounidenses frente a las sanciones previstas por el proyecto. El diputado Damián Arabia anunció en la última reunión de comisión que se precisará la autoridad de aplicación, porque la redacción original otorga discrecionalidad al Poder Ejecutivo.

Según borradores que circularon entre aliados, el Gobierno comunicaría a la bicameral de control del Consejo con 48 horas de anticipación una eventual ejecución de hundimiento de buques. Para aeronaves militares y buques de guerra se mantendría la obligación de pedir autorización al Congreso, un punto que el diputado Eduardo Falcone, del MID, pidió sostener. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, prometió en su exposición en Diputados la creación de esa bicameral y no aportó otras precisiones.

La diputada Silvana Giudici, que lleva la negociación del texto final, advirtió que revisará el artículo 111, que prevé penas de hasta 12 años de prisión por campañas de desinformación masiva. Las entidades periodísticas advirtieron que ese concepto ambiguo podría usarse para limitar la libertad de prensa.

En el plano internacional, el pedido de Donald Trump para cerrar el Comité de Descolonización de la ONU derivó en una abstención argentina en la votación. El subsecretario de Estado Christopher Landau ratificó el lobby de Washington para disolver ese organismo. El bloque Unión por la Patria exige la presencia en la Cámara del canciller Pablo Quirno, y el diputado Jorge Taiana presentó un proyecto de resolución para citarlo y pedirle explicaciones por la abstención.

El plenario de comisiones, que debía dictaminar el martes 27 a las 16, había quedado suspendido porque el borrador de respuestas del Gobierno no llegó a tiempo. Fue reprogramado para el mismo día y hora. La Libertad Avanza busca dictaminar esa jornada, aunque el tratamiento en el recinto todavía no tiene fecha.