Ley Malvinas: el texto en negociación excluye a fondos indirectos de las sanciones

Los cambios en negociación para la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional eximen de responsabilidad a los fondos de inversión que tienen participaciones indirectas en las empresas explotadoras de recursos en Malvinas. Esa excepción se suma a la restricción de las sanciones a operadoras directas, licenciatarias, proveedoras y accionistas directos de los proyectos, que el Gobierno aceptó tras las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que las penalidades podían tener en sus empresas.

El embajador Peter Lamelas también tuvo un papel relevante en las gestiones con Washington. La semana pasada, Christopher Landau dijo en la conferencia de prensa que dio junto al canciller Pablo Quirno, en el Palacio San Martín: “Es natural que cualquier país, supongo, se preocupe por eso, pero quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”.

El Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente, podría controlar, aceptar o rechazar inversiones de Estados extranjeros y de empresas con capitales de ese origen en defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales. El texto en evaluación lo limita: no intervendría en seguridad interior salvo en la protección de infraestructuras críticas y de los espacios marítimos, y sus decisiones sobre sanciones e inversiones sólo podrían ponderar razones de seguridad nacional, no de conveniencia económica. La protección de las redes de telecomunicaciones como infraestructura crítica no habilitaría el monitoreo ni el bloqueo de contenidos.

Las infracciones que el Consejo pueda sancionar exigirían una conducta deliberada y una afectación concreta. Desaparecería de la lista de sanciones la pérdida de créditos, garantías y beneficios fiscales.

Si una medida del Consejo recae sobre aeronaves o buques militares extranjeros y representa un riesgo inminente de guerra o de represalias militares, el Congreso actuaría de acuerdo con los incisos 25 y 26 del artículo 75 de la Constitución. Esa redacción retoma la propuesta del MID. La orden de derribar una aeronave o hundir un buque seguiría en manos del Presidente, que podría delegarla en el ministro de Defensa.

La Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional tendría cuatro diputados y cuatro senadores. Recibiría en 48 horas las sanciones y medidas urgentes del Consejo, y también los rechazos de inversiones y las órdenes de desinversión. Podría pedir informes y formular recomendaciones, salvo sobre información amparada por secreto comercial o industrial.

El artículo 111 también cambia de figura. El texto original castigaba con 5 a 12 años de prisión a quien, por cuenta de un Estado extranjero, alterara procesos electorales o manipulara la opinión pública mediante campañas de desinformación. En su lugar se crearía el delito de campaña de injerencia extranjera, que alcanza a acciones sistemáticas, clandestinas, engañosas o coercitivas que ocultan el vínculo con un Estado extranjero. El autor deberá saber que actúa por cuenta de un Estado, organización o agente extranjero, y se excluyen expresamente la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses. Las penas serían de 5 a 12 años, y de 8 a 15 cuando medien amenazas, sobornos o estructuras criminales. El artículo incluiría además un régimen de revisión de inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional.

El plenario de la semana pasada se suspendió y el oficialismo busca definir el texto para dictaminar. Unión por la Patria y legisladores de Provincias Unidas piden separar el proyecto en dos tramos: uno sobre Malvinas y soberanía, y otro sobre inteligencia, defensa, seguridad interior, infraestructura crítica y delitos de desinformación. El oficialismo defiende el tratamiento conjunto bajo el expediente 0010-PE-2026. El plenario de comisiones está convocado para el martes 27 de octubre a las 16, y los cambios seguirán en negociación hasta que el oficialismo reúna las firmas para un dictamen de mayoría.