Caputo desmiente que el Gobierno frene la ley Malvinas; la sesión en Diputados no tiene fecha

El asesor presidencial Santiago Caputo desmintió que el Gobierno de Javier Milei tenga previsto frenar el tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley Malvinas. En su cuenta de Twitter calificó como fake news las versiones sobre un posible freno y afirmó que el proyecto es prioridad de la administración.

Caputo sostuvo: “La mayoría de los gobernadores ya han expresado su apoyo al proyecto”. Agregó que también lo respalda la mayoría de los bloques aliados, tanto en Diputados como en el Senado.

Sin embargo, el oficialismo no llegó a incluir el proyecto en la última sesión de Diputados y no logró cerrar un texto con los aliados. Una de las principales referentes del bloque La Libertad Avanza dijo: “Tenemos tiempo, no estamos apurados”. Reconoció que la prioridad es el Presupuesto 2027 y que el cronograma podría complicarse si el Senado envía la reforma política que suspende las PASO.

El calendario

Para sesionar el miércoles 28 haría falta cerrar un acuerdo contrarreloj el martes 27. Los propios libertarios consideran ese escenario muy improbable, porque en las últimas semanas se avanzó poco en los cambios que reclama la oposición. Ese martes y el miércoles, además, hay reuniones de comisión para tratar el Presupuesto 2027, que el oficialismo quiere llevar al recinto el 18 de noviembre.

Las dos semanas siguientes están prácticamente descartadas. El martes 3 de noviembre hay elecciones legislativas en Estados Unidos y varios diputados libertarios viajarán a monitorearlas. Después llega la visita del papa León XIV, del 8 al 11 de noviembre, con feriado nacional el lunes 9, feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba el martes 10, y en la provincia de Buenos Aires el miércoles 11.

Estados Unidos y la Cancillería

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo que las leyes argentinas son cuestión de las autoridades argentinas. Agregó: “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas.”

El canciller Pablo Quirno afirmó: “Esta ley no va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”. Planteó que las compañías pueden elegir entre operar en el continente argentino, donde el potencial es “muchísimo mayor”, o mantener operaciones “ilegítimas” en las islas.

El oficialismo aceptaría eliminar el artículo 111, que prevé penas de 5 a 12 años de prisión por campañas de desinformación financiadas desde el exterior, y modificar los artículos sobre infraestructuras críticas. Los aliados también piden incorporar al Ministerio de Seguridad Nacional al Consejo de Seguridad y precisar quién será la autoridad de aplicación.