La resolución de Mirabelli describe un contrato simulado y una cuenta no declarada

El juez federal Lino Mirabelli detalló en la resolución que procesó a José Luis Espert los movimientos que, según la investigación, dieron apariencia de licitud a los 200.000 dólares recibidos de Federico Machado. El texto describe el origen del dinero, el contrato con el que el exdiputado intentó justificarlo y las compras posteriores.

Según la resolución, los fondos llegaron el 22 de enero de 2020 a una cuenta que Espert tenía en el Morgan Stanley, en Estados Unidos, y que no había declarado. Para justificarlos, presentó un contrato de consultoría con la minera guatemalteca Minas del Pueblo por un millón de dólares. Mirabelli consideró que ese contrato era simulado: no se emitió factura por el supuesto servicio y la investigación sostiene que la consultoría no existió.

De acuerdo con la investigación del fiscal Domínguez, en marzo de 2020 ingresaron 50.000 dólares a una cuenta en la sucursal Martínez del Banco Francés, y con parte de ese dinero se compró un BMW. En 2024 Espert vendió ese auto y adquirió una Lexus RX350 por 129.999,88 dólares. En febrero de 2025 aportó fondos a su esposa para adherir al fideicomiso Costa Dunas.

Según el fallo, Espert constituyó la sociedad Varianza SA con su esposa para generar ingresos ficticios por prestaciones aparentes. Con la ayuda del contador Mariano Cosentino, armó además una estrategia después de la detención de Machado en abril de 2021, que lo comprometía.

Antes del procesamiento, Espert había presentado ante la Justicia un descargo de 141 páginas en el que pidió su sobreseimiento. En ese escrito sostuvo que el pago se debió a un contrato firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino. En un posteo en X del 19 de agosto, el exdiputado escribió: “El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”.

Días antes del procesamiento, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó dos planteos de la defensa. Uno buscaba anular las medidas de prueba pedidas por el fiscal Domínguez; el otro, recusarlo.

En los fundamentos, Mirabelli advirtió que el lavado de activos vinculado a la financiación de figuras políticas es “una grave amenaza para la integridad del sistema democrático”. Según el juez, la trazabilidad de todas las operaciones no está clara, pero ese punto no es indispensable para la acusación, porque el origen ilícito de los fondos está claro.