Política · Entre Ríos
El Gobierno cerró el sumario por el desvío de fondos de comedores en Concordia
El perjuicio fiscal se calculó en $103.738.136 en 37 comedores escolares. El expediente pasó al Consejo General de Educación porque la exfuncionaria tiene un cargo docente.
Redacción La Bajada ·
El Gobierno de Entre Ríos dio por finalizada la información sumaria abierta en la Coordinación de Comedores del Departamento Concordia, que depende de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano. La medida consta en el decreto 3.469, del 21 de octubre, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por la ministra Verónica Berisso.
El expediente se originó en irregularidades detectadas en 37 comedores escolares del Departamento Concordia durante marzo y abril de 2025. En ese momento, el perjuicio fiscal se calculó en $103.738.136.
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El 10 de agosto, la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado dio por cerrada la etapa instructora. Su conclusión fue que “ha quedado plenamente acreditado un cuadro de graves e inconsistentes irregularidades administrativas, de entidad suficiente para atribuir reproche disciplinario quien se desempeñó como Coordinadora de Comedores del Departamento Concordia”.
El dictamen señala que la entonces coordinadora, Silvina Soledad Murúa, “se aprovechó de un sistema de control administrativo precario y vulnerable”. También le atribuye haber conocido sobreprecios e irregularidades que le informaban supervisores y personal de rendición, sin adoptar medidas, haber intervenido en el direccionamiento de compras hacia tres proveedores (Ahora Voy, Autoservicio Joaquín y Flores Sandra) y haber concentrado funciones sensibles en familiares y personas de confianza.
Pese a esa conclusión, la Fiscalía de Estado entiende que Murúa, al haber sido separada de su cargo, “no resulta pasible de sanción”. Como conserva un cargo docente en el Consejo General de Educación (CGE) y sigue vinculada con el Estado bajo el Estatuto del Docente Entrerriano, el decreto remitió las actuaciones a ese organismo. El CGE deberá evaluar si corresponde instruir un sumario administrativo, con intervención previa de su Dirección de Asuntos Jurídicos.
La causa penal
En paralelo, la Unidad Fiscal de Concordia imputó a Murúa en mayo por la maniobra con los comedores escolares. Los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning sostienen que, desde enero de 2024, la exfuncionaria habría utilizado su cargo en la Secretaría de Gestión Social para orquestar un sistema de direccionamiento de compras.
Según la acusación, Murúa, junto a dos hermanos y a su cuñado, “mediante distintas maniobras de intimidación o persuasión direccionaron arbitrariamente a más de treinta responsables de las tarjetas de compra de los comedores escolares con el fin de que se abastezcan de determinados proveedores de Concordia”.
La resolución aclara que la responsabilidad de los proveedores involucrados queda supeditada a los resultados del proceso penal en trámite. Además, señala que los familiares mencionados no tienen legajos activos en la Administración Pública Provincial ni en la Municipalidad de Concordia.
El próximo paso administrativo es la decisión del CGE sobre instruir o no un sumario disciplinario contra Murúa. En la Justicia, la investigación penal sigue en curso.
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