Política · Entre Ríos
Berisso defendió en Diputados un tope contractual de $101.000 millones para los desayunos
La oposición cuestionó la composición nutricional y el costo por ración, de $1.600 frente a $750 del esquema anterior. La compra no tuvo desembolsos y espera una resolución judicial definitiva.
Redacción La Bajada ·
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, expusieron el miércoles 28 de octubre ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos en una sesión especial informativa sobre el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares. La sesión fue convocada por la Resolución N° 12, impulsada por la diputada Silvina Deccó y el bloque del PJ, aprobada el 26 de agosto.
Berisso fundamentó el cambio con relevamientos del Ministerio de 2024 y 2025 y con un estudio de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con sede en Gualeguaychú. Según esos datos, el 61% de los desayunos y el 24% de los almuerzos contenían excesos de grasas saturadas, y cerca del 50% del alumnado recibía sólo leche con pan. La ministra también señaló que menos del 15% de las instituciones relevadas había modificado los alimentos ofrecidos a partir de las recomendaciones. “La elaboración de recomendaciones por sí sola no alcanzaba. El acceso a una alimentación adecuada no debe depender de la escuela o del departamento en que viva cada niño, sino de una base común que garantice condiciones equitativas”, dijo.
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El equipo técnico del Ministerio informó un techo contractual de $101.000 millones para los ciclos lectivos 2026 y 2027, sobre un presupuesto oficial anual de $42.000 millones. El pliego prevé 176.609 raciones diarias en los 17 departamentos, unas 31.789.620 por año. Cada ración cuesta $1.600: el 80% ($1.280) corresponde al producto y el 20% ($320), a logística y distribución. El esquema descentralizado anterior pagaba $750. La infraestructura incluye un depósito de 15 m² en Colonia Avellaneda, 16 vehículos y 40 nutricionistas matriculadas que aportaría la empresa.
Sobre el expediente judicial, Berisso confirmó que no se realizaron desembolsos ni se libraron órdenes de provisión. La compra quedó “a la espera de que el Poder Judicial emita una resolución definitiva sobre el planteo judicial en curso”. Para acatar el fallo del Superior Tribunal de Justicia, el Ejecutivo prevé reglamentar la Ley Provincial 10.594 de Alimentación Saludable, sancionada en 2018, y crear una Coordinación Técnica Nutricional. También anunció una mesa de trabajo con la UADER, la UNER, el Colegio de Nutricionistas, los ministerios de Desarrollo Humano y de Salud, el Consejo General de Educación y la empresa. El servicio de almuerzos y el sistema de tarjetas Sidecreer siguen descentralizados.
La oposición concentró sus preguntas en la nutrición. Deccó sostuvo que, de los 23 productos de la oferta adjudicada, 21 registran excesos de azúcares libres y 18 tienen dictámenes técnicos no favorables. “Nos preocupa enormemente porque la matriz alimentaria no puede basarse en azúcares refinados, almidón y grasas saturadas”, afirmó. El diputado Juan José Bahillo cuestionó el cambio integral al señalar que se abrieron 69 sumarios administrativos sobre 2.995 agentes de comedores, un 2,3%. “Es una mirada centralista pretender programar los alimentos de toda la provincia desde un escritorio en Paraná ignorando la diversidad geográfica”, dijo.
El diputado Enrique Cresto presentó un proyecto alternativo, “Pueblo y Gobierno por una Alimentación y Nutrición Digna”, que propone mantener las compras locales, integrar auditorías digitales y destinar los saldos no ejecutados a equipamiento escolar. Cresto calculó que la adjudicación a una firma con sede en la provincia de Buenos Aires implica un gasto proyectado de $281 millones diarios. Azzalini, por su parte, sostuvo que resulta difícil auditar a la vez más de 1.000 establecimientos.
El próximo paso depende de la Justicia: la Provincia dijo que no avanzará con la compra hasta que haya una resolución definitiva.
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