El Senado busca dictaminar un registro nacional de deudores alimentarios

El Senado intentará este miércoles emitir un dictamen sobre la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos. Las comisiones de Legislación General y de Población pasaron a cuarto intermedio tras analizar dos proyectos: el del peronista Pablo Bensusán, de La Pampa, y el de la senadora Edith Terenzi, de Chubut. El tema ya había sido debatido antes en el Congreso y quedó a mitad de camino.

Según la versión taquigráfica de la reunión, Bensusán sostuvo que cada provincia mantendrá sus propios criterios para incorporar deudores, que varían entre dos, tres o cinco cuotas impagas. “Eso se va a mantener: la facultad de cada provincia”, afirmó. Explicó que el registro sólo reuniría la información que envíen las jurisdicciones.

Según el senador, el registro funcionaría como un programa dentro del Ministerio de Justicia de la Nación, sin crear un organismo nuevo. La base se alimentaría con datos de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que adhieran. El proyecto también prevé sanciones nacionales, aplicadas por organismos federales: exigir libre deuda para tramitar un pasaporte o acceder a concesiones y permisos del Gobierno Nacional, y prohibir la asistencia a espectáculos públicos.

Terenzi planteó la diferencia de fondo: propone que la ley sea de orden público. “yo propongo que esta ley sea de orden público”, dijo, para que la adhesión no dependa de cada provincia. Si algunas se suman y otras no, afirmó, el sistema podría quedar “ineficiente o, por lo menos, incompleto”. La senadora sostuvo que su idea es “centralizarlo y no invadir jurisdicciones provinciales” y que su texto no fija prohibiciones ni consecuencias adicionales, porque, según dijo, “el deudor moroso ya tiene las consecuencias en su propia jurisdicción”.

El oficialismo libertario, encabezado por Patricia Bullrich, pidió cambios y dejó entrever apoyo a la propuesta de Terenzi. Bullrich reclamó incluir temas de alcance internacional, como la adhesión a una de las tarjetas de colores de Interpol, y sugirió analizar qué actividades restringir. Recordó que ya funciona un registro en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la Dirección de Espectáculos, al que se están adhiriendo provincias. Sobre la salida del país, afirmó: “Creo que debe existir una delimitación precisa relativa a la salida del país. Eso tiene que estar claramente planteado con una orden judicial, ya que ninguna autoridad migratoria puede parar a un ciudadano en la frontera si no existe una orden judicial. Eso tiene que quedar claro”.

La definición del plenario depende también de la agenda de la Cámara. Hay incertidumbre sobre si habrá sesión esta semana. La expectativa principal está puesta en el jueves, cuando el pleno podría tratar, entre otros temas, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que Diputados modificó en agosto y que ahora está en segunda revisión. También figura una nueva ley de salud mental, ya dictaminada, aunque los dialoguistas reclaman más recursos.

Según las crónicas de la semana, el clima entre libertarios y aliados es tenso por promesas incumplidas desde la Casa Rosada. Si Bullrich y los jefes dialoguistas llegan a un acuerdo, habría una reunión de Labor Parlamentaria para cerrar un temario.