Bullrich cuestionó la bazuka de Milei y pidió acuerdos políticos con gobernadores

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cuestionó el uso que el presidente Javier Milei hace de los 75 mil millones de dólares que, según dijo, tiene para enfrentar una eventual corrida cambiaria en 2027. En una entrevista, planteó que hace falta un acuerdo político con los gobernadores dialoguistas para bajar la incertidumbre y advirtió: "la incertidumbre en el último año de gobierno es un problema en Argentina".

Bullrich comparó esa necesidad con lo ocurrido en 2025, cuando, según su mirada, el país terminó "atados de Bessent". Sobre los fondos, sostuvo que lo que corresponde decir es otra cosa: "Tengo que decir que hay gobernabilidad, tranquilidad y no voy a necesitar esa plata".

También le pidió a Milei que deje de discutir con periodistas y economistas y que escuche a la gente. Según ella, "Hay que ir al ciudadano" para encontrar el problema real, como el del comerciante, el constructor o el industrial.

Por su parte, Milei admitió, en una entrevista con la prensa española, que "Seguro que hay cosas que las podríamos haber hecho mejor o calculado mejor". Atribuyó parte de las dificultades económicas a la incertidumbre política que, según su interpretación, generan las iniciativas de la oposición para modificar el programa fiscal. El riesgo país volvió a superar los 700 puntos básicos.

Sobre 2027, Bullrich reiteró que está "preparada para ser presidenta", pero no quiso precisar si será candidata: "No comments. Me quieren exprimir para que yo diga algo que no voy a decir, no lo intenten porque ya estoy bastante acostumbrada a no decirlo".

Ley de Salud Mental

El dictamen de la reforma de la Ley de Salud Mental quedó firme después de que tres integrantes del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, presentaran un dictamen de minoría con sus firmas. Al oficialismo le faltaba una rúbrica, y ese despacho habilitó que el expediente avance al recinto.

El texto modifica la Ley 26.657. Las internaciones involuntarias dejan de requerir autorización judicial: se notifican a un juez, que puede pedir informes y peritajes o dejar sin efecto la internación. La ludopatía se incorpora a las adicciones, los familiares que pueden intervenir se limitan a padres o hijos, y quedan prohibidas las prácticas manicomiales.

La Unión Cívica Radical y el Movimiento Misionero anunciaron que firmaron en disidencia porque el proyecto no incluye un artículo con partidas presupuestarias. El misionero Oscar Arce reclamó en el debate en comisión: "Una ley nacional necesita una partida presupuestaria propia". El oficialismo busca votar el texto sin cambios, aunque nadie asegura todavía el número de votos.

La Labor Parlamentaria fijará el martes 27 la sesión prevista para el jueves 29 de octubre.