Una comerciante de Puerto Madryn deberá indemnizar a una vecina por acusarla en Facebook

Una comerciante de Puerto Madryn, en Chubut, deberá pagar $2.450.000 más intereses a una vecina por haberla acusado de robo en Facebook, sin que se acreditara la comisión de ningún delito. La sentencia la dictó el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de esa ciudad el 19 de marzo de 2026. La Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Heraldo Enrique Fiordelisi y Julián Emil Jalil, la confirmó.

El caso se remonta a febrero de 2021. La comerciante, dueña de un local de indumentaria femenina, encontró en su cuenta de Mercado Pago débitos que no reconocía y un último pago rechazado por falta de fondos. Según la denuncia, llamó al número que le había dado la empresa, exigió la devolución del dinero y advirtió que presentaría una denuncia penal, que retiraría si recuperaba los fondos.

Antes de que la Justicia resolviera, publicó en la cuenta de Facebook de su negocio una fotografía de la vecina, junto con su domicilio, su teléfono y acusaciones de robo. El posteo circuló y generó numerosos comentarios negativos. La denuncia penal derivó en un allanamiento en la casa de la mujer, pero la causa terminó con su sobreseimiento: no había elementos para atribuirle la clonación de la tarjeta ni los gastos en la cuenta de la denunciante.

Con la causa penal cerrada, la vecina inició una demanda civil por daños y perjuicios. Para fijar la indemnización, los jueces recurrieron al criterio de satisfacciones sustitutivas y compensatorias del Código Civil y Comercial. El juez Jalil explicó, en declaraciones públicas, que “Se calcula una satisfacción que no es real”, y tomó como referencia el costo de un viaje de una semana a las Cataratas del Iguazú con todo pago.

El magistrado también citó el alcance del posteo: “El posteo tuvo más de 200 mensajes negativos”. Según dijo, una pericia psicológica concluyó que la mujer tuvo secuelas a causa de la publicación. Y agregó: “El daño es grande”, al explicar que en una comunidad chica la exposición puede traducirse en un trato distinto en comercios y en vínculos cotidianos.

El fallo distingue entre denunciar y difundir. Según los fundamentos, presentar una denuncia ante la Policía o la Fiscalía no genera responsabilidad civil, salvo dolo o culpa grave. En cambio, la sentencia sostiene que la imputación pública de un hecho delictivo a una persona determinada es otra cosa, y que el enojo de la comerciante no la habilitaba a difundir insultos, amenazas ni represalias.

La condena incluye las costas del proceso, los honorarios de los abogados y una tasa del 6% anual desde el hecho hasta la sentencia. El pago deberá hacerse dentro de los 10 días de quedar firme el fallo. Además, la comerciante deberá publicar durante 15 días corridos una rectificación en su perfil personal y en la cuenta comercial de su negocio, en la que conste que las acusaciones afectaron el honor de la vecina y que no se acreditó delito alguno.