Preska cerró en Nueva York el expediente por YPF y dejó sin efecto la condena de US$16.100 millones

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó formalmente sin efecto la sentencia de 2023 que condenaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la estatización de YPF, y cerró el expediente en primera instancia. La resolución se conoció el lunes, según informó Clarín.

Preska emitió una sentencia final modificada que adecua su fallo a lo decidido por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que había revocado la condena el 27 de marzo. Fuentes de la Procuración del Tesoro la describieron a Infobae como un paso procesal esperado: la indemnización ya había quedado anulada con la decisión de la Cámara. Los demandantes habían intentado postergar el cierre hasta saber si la Corte Suprema tomaría el caso, pero la jueza avanzó igual.

Qué dijo la Cámara

La mayoría la formaron los jueces Denny Chin y Beth Robinson; José Cabranes votó en disidencia. El tribunal concluyó que Preska había interpretado de manera errónea el derecho argentino. Sostuvo que la ley de expropiación del país impide las demandas de terceros que interfieran con un proceso expropiatorio. Agregó que el estatuto de YPF no es un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños.

En junio, el pleno del Segundo Circuito rechazó un pedido de revisión, con lo que se agotó la apelación ordinaria en ese ámbito.

Lo que sigue

A principios de octubre, Burford Capital, el fondo que financia la demanda de Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, presentó un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En ese escrito calificó la decisión de la Cámara de “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”, según informó Bloomberg.

La Corte no está obligada a intervenir. Recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones por período y suele conceder la revisión de alrededor de 80, sin plazo fijo para resolver. Si rechaza el pedido, queda firme la decisión favorable a la Argentina. Si lo acepta, se abre una nueva etapa judicial. Según Clarín, la propia Preska dejó contemplada la posibilidad de volver a intervenir si el máximo tribunal modifica el resultado.

Burford, además, inició un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.

El origen del caso

La demanda se originó en la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de Repsol, decidida en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los accionistas minoritarios, entre ellos las sociedades vinculadas a la familia Eskenazi, sostuvieron que el Estado debía lanzar una oferta pública de adquisición dirigida a ellos. Burford adquirió los derechos del reclamo, que se inició en 2015.

En septiembre de 2023, Preska aceptó esa postura y fijó la condena de US$16.100 millones, que con intereses superaba los US$18.000 millones. La causa pasó a sus manos en 2017, tras la muerte del juez Thomas Griesa.

El próximo paso es la decisión de la Corte Suprema estadounidense sobre si admite o no el recurso de Burford.