Sociedad
El Gobierno dispuso pagar 234.000 dólares por una sentencia de la Corte Interamericana
El fallo, dictado en noviembre de 2022, declaró responsable al Estado en el caso de Cristina Brítez Arce. El pago se imputará al presupuesto de 2026.
Redacción La Bajada ·
El Gobierno nacional dispuso el pago de 234.000 dólares para cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Brítez Arce y otros vs. Argentina. La medida quedó establecida en el Decreto 1255/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El decreto fue firmado el 23 de octubre por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno.
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Según la sentencia, el caso se originó en la muerte de Cristina Brítez Arce en 1992, en el Hospital Sardá, luego de que fuera sometida a violencia obstétrica durante su parto. La Corte declaró responsable al Estado por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de la mujer, y por las demoras y la falta de debida diligencia en los procesos judiciales abiertos por su muerte.
El fallo tiene fecha del 16 de noviembre de 2022 y fue notificado al Estado argentino el 18 de enero de 2023. Estableció un plazo de un año, contado desde el día siguiente a esa notificación, para realizar el pago.
Los beneficiarios son Ezequiel Martín Avaro y Vanina Verónica Avaro, hijos de Cristina Brítez Arce, y el representante legal de las víctimas, René Federico Garrís. Cada hijo recibirá 5.000 dólares para tratamientos psicológicos o psiquiátricos, 25.000 dólares por daño inmaterial y 15.000 dólares en concepto de gastos.
El resto del monto se distribuye así: 64.000 dólares por daño material, equivalentes a los ingresos que Brítez Arce dejó de percibir, que se dividen en partes iguales entre sus hijos; 60.000 dólares por daño inmaterial a favor de la mujer, también divididos entre los hijos; y 20.000 dólares para Garrís por costas y gastos del proceso. El decreto dispone el cumplimiento mediante un pago en efectivo.
El gasto se imputará a los créditos presupuestarios del ejercicio 2026, dentro de la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro. En los fundamentos, el Poder Ejecutivo recordó que Argentina reconoció la competencia de la Corte mediante la Ley 23.054, que aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que las sentencias del tribunal son definitivas e inapelables. En la tramitación intervinieron los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Economía; y Justicia.
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