Confirman que una empresa de rastreo debe pagar $12.750.000 por una camioneta robada

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la condena de $12.750.000 contra una empresa de rastreo satelital que una pareja había contratado para localizar su camioneta Toyota Hilux 4x4. El vehículo fue robado el 16 de octubre de 2023 en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El tribunal consideró que la prestadora no demostró haber activado de manera efectiva y suficiente los recursos técnicos y operativos para buscarlo después de la denuncia.

Según la demanda, uno de los dos cotitulares registrales había estacionado la camioneta cerca de un cementerio y, al volver unos minutos después, advirtió que ya no estaba. Se comunicó de inmediato con la empresa para pedir la activación del rastreo y el corte del vehículo, dio aviso al 911 y radicó una denuncia en una comisaría. Afirmó que insistió con llamadas a la compañía durante ese día.

Los reclamantes sostuvieron que la empresa les informó que el dispositivo instalado era obsoleto y que no permitía aportar una ubicación precisa ni imágenes del recorrido. Recién tras la intervención de autoridades locales obtuvieron fotos del vehículo circulando por la autopista Gaona en dirección a Luján.

Antes de llegar a la Justicia, iniciaron un trámite en el área municipal de Defensa del Consumidor, donde hubo dos audiencias de conciliación en diciembre de 2023 sin acuerdo. Luego enviaron cartas documento. La empresa las rechazó y atribuyó parte de la responsabilidad a la falta de controles periódicos del equipo.

La demanda reclamó el valor de la camioneta, herramientas que estaban en su interior y una compensación por pérdida de ingresos, ya que el vehículo se usaba para tareas rurales y para traslados de insumos y elementos de trabajo.

En primera instancia, el juzgado concluyó que la empresa no había acreditado una actuación diligente tras recibir el aviso del robo. Según la sentencia, la obligación de la firma era desplegar medios técnicos y operativos para buscar y recuperar el vehículo, aunque no implicara garantizar el hallazgo. La empresa apeló: sostuvo que el contrato era una obligación de medios, no de resultado, y cuestionó también el monto, la fecha de cómputo de los intereses y la imposición de costas.

La Cámara coincidió en que el contrato no obligaba a asegurar la recuperación de la camioneta. Sin embargo, sostuvo que la condena se apoyaba en que la empresa no había demostrado el uso adecuado de los medios previstos. El informe operativo presentado describía el desplazamiento de unidades y la ampliación de la búsqueda, pero no identificaba a los operadores, los móviles y sus patentes, los recorridos, los horarios, las señales detectadas ni una eventual coordinación con la Policía. Para los jueces, una descripción genérica elaborada por la propia prestadora no alcanzaba, dada su especialización en rastreo y recuperación vehicular.

El tribunal también desestimó el argumento de que los clientes habían incumplido una prueba trimestral del equipo. La empresa cobró el abono durante años sin intimar a los usuarios a realizar ese control, sin advertirles sobre una posible falla y sin proponer el recambio del dispositivo ni la suspensión del contrato. Como se trataba de cláusulas predispuestas por la empresa, ante dudas sobre el alcance de las obligaciones la interpretación debía favorecer a los usuarios.

La Cámara también confirmó el monto de la camioneta, calculado en primera instancia a partir de publicaciones de vehículos de características y antigüedad similares, porque la empresa no aportó una referencia alternativa concreta. La resolución confirma la sentencia de primera instancia, que ordenó el pago de la indemnización con intereses y costas, y la empresa deberá afrontar también los gastos de la apelación.