Ynsaurralde declaró que pagó más de 2,8 millones a un grupo acusado de entorpecer la causa

El exintendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, declaró este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que el municipio pagó más de 2.800.000 pesos a un grupo de abogados, psicólogos y asistentes sociales que llegó a la localidad días después de la desaparición de un niño de cinco años, en junio de 2024. Ese grupo se presentó invocando a la Fundación Dupuy y está siendo juzgado por entorpecer la investigación.

Ynsaurralde sostuvo que el dinero salió de fondos del municipio, aunque la Provincia le había transferido 4.000.000 de pesos para costear la búsqueda y la asistencia a la familia y a los imputados más vulnerables. Según dijo, esos pagos no fueron auditados por el Tribunal de Cuentas provincial "porque eran fondos genuinos".

El testigo explicó que su contacto era únicamente con Elizabet Cutaia y Alan Cañete, ambos acusados de entorpecer la investigación, quienes le plantearon que no podían afrontar el traslado diario desde Bella Vista hasta 9 de Julio. Ynsaurralde afirmó que él mismo ofreció el hotel Despertar del Iberá para alojar al grupo, con un gasto de unos 700.000 pesos, y que fue Cutaia quien definió el monto de la factura.

Sobre el ítem "informes periciales" que figura en esa factura, Ynsaurralde dijo que nunca vio esos informes ni le consta que hayan llegado al Juzgado Federal de Goya, donde tramitaba la causa. También reconoció que nunca pidió credenciales a Cutaia y Cañete. "Consideré que no hacía falta", se justificó.

El exintendente contó además que, tras la desaparición, tuvo numerosos contactos políticos, y que un exlegislador nacional y dirigente peronista le sugirió aprovechar mediáticamente el caso para posicionarse políticamente.

También declaró la abogada Mónica Méndez, de Goya, que acompañó a la familia del niño. Se vinculó con el grupo a comienzos de julio de 2024 y dijo que tomó distancia pocos días después: "Yo tomé distancia porque había cosas que no me gustaban".

La audiencia había comenzado con el testimonio de un estudiante que presenció pericias de la Policía Federal sobre la camioneta de María Victoria Caillava, imputada en la causa. Además declaró el comisario José Raúl Rodríguez, que reemplazó a Walter Maciel en la seccional local.

Durante el interrogatorio de los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, los defensores de Cutaia y Cañete interrumpieron en reiteradas ocasiones. El presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, les hizo un llamado de atención porque estaban "obstaculizando el desarrollo del juicio".