La fiscalía pidió que Jennifer González siga detenida durante el proceso

La fiscalía federal de Massachusetts pidió al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para ese distrito que Jennifer González permanezca detenida mientras avanza el proceso. El pedido figura en una moción presentada el 21 de octubre. Según el documento, la acusada dispondría de recursos económicos considerables y mantendría vínculos con República Dominicana, circunstancias que, a juicio del Gobierno, aumentarían el riesgo de que abandone Estados Unidos para evitar ser juzgada.

La moción también describe en qué habría invertido González. En una conversación grabada con un testigo colaborador, la acusada habría explicado que tenía negocios de abastecimiento de pequeñas tiendas y comercios de barrio, y que destinaba el dinero sobrante a comprar propiedades y terrenos. La presentación ubica esas inversiones en el país caribeño.

Según las estimaciones de los investigadores, cada matrimonio fraudulento costaba entre 38.000 y 40.000 dólares, con un promedio de 18 a 20 uniones por año. La fiscalía sostiene que el negocio funcionó durante más de diez años.

El comunicado de la Fiscalía Federal, publicado el 21 de octubre, nombra a los seis acusados: Jennifer González, de 43 años; Chreise Alejandro, de 39; Erica Daniels, de 29; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31, y Jaylin Hill, de 26.

Según el comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude matrimonial, fraude matrimonial, conspiración para ocultar inmigrantes indocumentados y ocultamiento de inmigrantes indocumentados. Los documentos judiciales citados por ese organismo indican que los clientes solían pagar 500 dólares mensuales al cónyuge asignado o a una persona cercana, como parte de la apariencia de una unión real.

Según el Manual de Recursos Penales del Departamento de Justicia, la ley federal castiga con hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares a quien contraiga matrimonio para evadir las normas migratorias. La norma fue incorporada por el Congreso con la Ley de Enmiendas sobre Fraude Matrimonial Migratorio de 1986. El mismo manual cita el caso Lutwak v. United States (1953), en el que la Corte Suprema resolvió que la validez del matrimonio según la ley estatal es irrelevante para determinar si hubo fraude migratorio.

Son acusaciones, y los seis acusados presumen su inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario. Queda pendiente la decisión del tribunal sobre el pedido de detención de González.