Demócratas acusan a la Administración Trump de intimidar a funcionarios electorales

Los líderes del Partido Demócrata de Estados Unidos presentaron una demanda civil contra la Administración de Donald Trump por lo que describen como "un flujo constante de amenazas e intimidación" contra funcionarios electorales estatales y locales. La presentación del martes la hicieron la Asociación de Gobernadores Demócratas y los líderes del partido en el Congreso, Hakeem Jeffries en la Cámara de Representantes y Chuck Schumer en el Senado, junto con otros responsables y entidades demócratas.

Según el escrito, funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) intentaron reforzar sus esfuerzos de injerencia con esas amenazas. Los demandantes sostienen que el objetivo es amedrentar a los funcionarios para que cedan ante exigencias que, de acuerdo con el texto, consisten en eliminar ilegalmente votantes de los padrones, negar papeletas a votantes registrados y segregar votos emitidos legalmente.

El caso de California es el eje de la disputa. La demanda cita una publicación de Trump en redes sociales del sábado pasado, en la que afirmó que si los funcionarios estatales no se someten a su voluntad, "todos irán a la cárcel por un largo periodo de tiempo".

Del lado del gobierno federal, el Ejecutivo sostiene que el 13 de octubre entregó a California una lista con más de 20.000 nombres que pidió retirar preventivamente del padrón electoral. La semana pasada, la Administración inició acciones legales contra el estado por lo que considera falta de colaboración para verificar esos padrones, que supuestamente incluirían al menos 20.000 personas sin derecho a voto.

Los demócratas dicen que esas acusaciones "son totalmente infundadas". Citan el caso de Nevada, donde, según sus datos, el número de extranjeros presuntamente inscritos en las listas electorales bajó de 16.000 a cero tras una investigación.

La organización de las elecciones es potestad de los estados, que tienen su propia legislación. Los demandantes afirman que el Poder Ejecutivo no tiene autoridad para supervisar el mantenimiento de los padrones estatales ni para decidir quién recibe una papeleta. "Nada de esto es legal", sostienen.

Los demócratas advierten además que los ciudadanos naturalizados "temen ser objeto de campañas ilícitas y quedar potencialmente privados de su derecho al voto". En las últimas semanas, el Departamento de Justicia anunció detenciones de algunos inmigrantes legales que confesaron haber votado en elecciones pasadas sin ser ciudadanos.

Las elecciones legislativas de medio mandato se celebran el 3 de noviembre. Los republicanos corren el riesgo de perder el control de la Cámara de Representantes.