Arrestan en Florida a la alcaldesa de Kissimmee por hurto mayor y fraude organizado

La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, fue arrestada el miércoles 21 de octubre, poco después de las 8 de la mañana, cuando salía de su domicilio en Florida. El fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció cargos de hurto mayor de bienes por un valor de entre USD 20.000 y USD 100.000, un delito grave de segundo grado, y de organización de un esquema para defraudar por USD 50.000 o más, de primer grado. Si fuera condenada, podría recibir hasta 30 años de prisión, según precisó el director financiero del estado, Blaise Ingoglia.

Según la orden de arresto, tres negocios vinculados con Espinosa o con familiares directos recibieron en conjunto USD 50.000 del programa municipal Business Boost 2.0, financiado con fondos federales de ayuda por la pandemia de COVID-19. Se trata de un estudio de producción de danza, un restaurante y una empresa inmobiliaria. Las solicitudes se presentaron el mismo día en que se abrió la convocatoria, en septiembre de 2025, y los fondos se depositaron el 7 de noviembre de ese año.

Las autoridades amplían la cifra: en total, siete negocios ubicados en propiedades de la familia recibieron USD 90.000. Esa suma incluye los USD 50.000 de los tres negocios vinculados directamente con la alcaldesa; los otros USD 40.000 llegaron a inquilinos de esos inmuebles.

La investigación comenzó con una auditoría del Departamento de Servicios Financieros de Florida, a cargo de Ingoglia, que detectó anomalías en programas locales de subvenciones. Según la Oficina del Fiscal General, el 5 de diciembre de 2025 el abogado de la ciudad le informó a Espinosa que recibir esos fondos implicaba un conflicto de intereses no permitido y le recomendó devolverlos. Ella se negó, de acuerdo con el mismo comunicado.

La abogada de la alcaldesa, Migdalia Perez, sostiene que el programa fue aprobado públicamente y administrado por personal municipal, y que la fiscalía debe probar una intención criminal. “La fiscalía debe demostrar que la alcaldesa actuó con intención criminal. Sostenemos firmemente que no lo hizo”, afirmó. La defensa distingue entre una presunta violación ética y un delito penal, y Espinosa se declaró no culpable.

Un juez fijó una fianza de USD 70.000, dividida en USD 20.000 por el cargo de hurto mayor y USD 50.000 por el de esquema para defraudar. La alcaldesa pasó una noche en la cárcel del condado de Osceola y quedó en libertad el 22 de octubre. Al salir, dijo: “Lo que quiero que todos sepan es que lo ocurrido ayer exige que todos salgamos a votar el 3 de noviembre. Eso es lo que quiero decir. Y a los residentes de Kissimmee: estaremos bien”. No respondió preguntas sobre los cargos ni sobre el origen de los fondos con los que pagó la fianza.

El viernes 23 de octubre, la Comisión de Ética de Florida aprobó un acuerdo firmado por Espinosa el 15 de septiembre: una multa civil de USD 2.000 y una reprimenda pública. En el documento, la alcaldesa reconoce una infracción a la sección 112.313(7)(a) de los Estatutos de Florida, que regula los vínculos entre funcionarios y empresas que hacen negocios con su agencia. No reconoce conducta criminal ni intención corrupta o fraudulenta. Antes, en agosto, la Comisión de la ciudad de Kissimmee había votado dos a dos sobre artículos de juicio político y no alcanzó la mayoría de tres votos necesaria.

Espinosa conserva el cargo, porque según la ciudad un alcalde arrestado sigue en funciones hasta que haya una suspensión, destitución o renuncia. La vicealcaldesa Angela Eady asume las funciones protocolares y la conducción de las reuniones de la comisión municipal durante sus ausencias. El administrador municipal, Mike Steigerwald, autorizó una investigación interna sobre el diseño, la administración y la supervisión de Business Boost 2.0. La próxima audiencia judicial está prevista para el 1 de diciembre de 2026.