Procesan a cuatro presos de Jujuy que se hacían pasar por Rosatti para extorsionar

El juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a cuatro presos alojados en el Establecimiento Penitenciario N.º 7 de Jujuy, acusados de hacerse pasar por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para estafar y extorsionar a familiares de otros detenidos. Los procesados son Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos. Ercolini los considera coautores de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad.

Según la resolución, la organización habría operado al menos entre noviembre de 2024 y el 30 de octubre de 2025 desde ese penal, ubicado en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Con celulares escondidos en las celdas, llamaban a dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad. Para dar verosimilitud usaban perfiles de WhatsApp con la fotografía de Rosatti, imágenes del Palacio de Tribunales y referencias a la Corte Suprema.

Con los datos que obtenían, contactaban a familiares de los detenidos y les pedían dinero para supuestas fianzas, cauciones o trámites judiciales, con la promesa de conseguir la libertad o un beneficio. Uno de los presos, en una conversación interceptada, explicó el esquema: “La fianza es un millón de pesos”. Los pagos debían hacerse a una cuenta presentada como si perteneciera al Poder Judicial, en realidad una cuenta fantasma.

También usaban el nombre de Rosatti para simular que representaban a empresas privadas que anunciaban premios en dinero, vehículos o electrodomésticos. Para entregarlos, pedían transferencias por supuestos gastos de trámite.

La causa empezó el 25 de noviembre de 2024. Ese día un hombre llamó al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal y se presentó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Pidió un listado actualizado de personas detenidas, con el argumento de un relevamiento vinculado a derechos humanos. Los investigadores determinaron que la llamada había salido de la cárcel jujeña, y las escuchas permitieron reconstruir el funcionamiento del grupo.

Según el expediente, durante las requisas del Servicio Penitenciario los acusados se alertaban entre sí y pedían a sus familiares que hicieran desaparecer pruebas y trasladaran fondos a otras billeteras virtuales. En uno de esos intercambios se escuchó: “Estamos con toda la federal acá, nos están haciendo requisa. Señora, por las dudas, saque todo de ahí”. La actividad continuó, de acuerdo con la resolución, incluso después de los procedimientos de diciembre de 2024, cuando se secuestró el teléfono de la primera llamada.

En sus indagatorias, varios acusados negaron los hechos y sostuvieron que los teléfonos también eran usados por otros internos. Ercolini dio por corroborado el uso compartido de los dispositivos, pero consideró que el resto de las pruebas sostenía las imputaciones. Para el magistrado, el uso deliberado del nombre, la imagen y el cargo de Rosatti “revelan el pleno conocimiento de la atribución de una autoridad que no se poseía”.

Los cuatro ya estaban condenados por otros delitos. Acho cumple cinco años y cinco meses de prisión por robo agravado con armas. López, seis años y medio por tentativa de homicidio, extorsión e intento de robo en poblado y en banda. Vargas, 13 años por homicidio. Ríos fue condenado por distintos robos. Acho y Ríos fueron declarados reincidentes.

Un procesamiento con prisión preventiva no es una condena: los cuatro acusados conservan la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme.