Pollicita no halla elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la causa contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deje de tramitar como presunto enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se investigaría una posible evasión tributaria. En su dictamen, sostuvo que la prueba reunida no permite afirmar que Adorni haya incrementado su patrimonio de forma injustificada durante su función pública. El pedido no implica un sobreseimiento. Ahora el juez federal Ariel Lijo deberá decidir si acepta el cambio de competencia y remite el expediente.

La causa se inició con una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y analiza el patrimonio de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, fecha en que dejó la función pública. En agosto, el fiscal había presentado un requerimiento de justificación patrimonial de 207 páginas con 20 puntos a aclarar. La investigación también incluyó el patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, porque parte de los bienes figuraba a nombre de ambos.

Según la Fiscalía, las erogaciones detectadas en ese período sumaron USD 402.578,12, de los cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo. Entre esos desembolsos aparecen una propiedad en el country Indio Cuá, obras de refacción, muebles, un departamento en la calle Miró, viajes y expensas. Frente a ingresos lícitos acreditados por $229.752.283,20, los gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos alcanzaron $272.820.832,20, con una diferencia de $43.068.549 que la Fiscalía consideró necesario explicar. Parte de esas operaciones se habría realizado fuera del sistema bancario o a través de terceros.

La defensa de Adorni respondió con una inversión previa en Bitcoin. Según su escrito, entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, con compras cercanas a USD 200.000, y la posterior liquidación de esos activos habría producido USD 591.544,61, que luego se conservaron en efectivo. Pollicita entendió que esa explicación no había podido ser desmentida con las pruebas incorporadas.

Las pericias confirmaron que las claves privadas de las ocho direcciones estaban bajo control de la defensa al momento de la diligencia, y que esas direcciones tuvieron actividad entre 2014 y 2018 sin saldo actual. No obstante, la Policía Federal advirtió que la cadena de bloques no permite identificar quién controlaba una billetera en un momento dado. De los 41 movimientos registrados, 17 no tuvieron contacto con plataformas; el resto se vincula con servicios del exterior, cuyos plazos de guarda de información ya habrían expirado. El fiscal entendió que estas falencias no permiten confirmar la versión de Adorni, pero tampoco desmentirla.

Según el dictamen, el enriquecimiento ilícito requiere un incremento apreciable e injustificado que se produzca una vez asumido el cargo. Como la explicación de la defensa sitúa el origen de esos fondos antes de diciembre de 2023, el fiscal señaló que la investigación no logró vincular el dinero con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”.

El pedido tampoco cierra la pesquisa por posibles delitos tributarios. Pollicita identificó indicios de irregularidades en la declaración de ingresos, en la tenencia de dólares y en operaciones con criptomonedas. Según el dictamen, la defensa admitió que una porción de lo incluido en las declaraciones juradas rectificativas era “materia antes no declarada”. Entre los puntos a investigar figuran los ingresos usados para financiar las compras de Bitcoin, la posterior liquidación de esos activos y la tenencia de moneda extranjera no declarada.

El próximo paso es la resolución del juez Lijo sobre la competencia. Si acepta la incompetencia del fuero federal por razón de la materia, el expediente pasará a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, y el juzgado que intervenga se definirá por sorteo, como pidió el fiscal.