Política
La Corte IDH condenó a la Argentina por la destitución de Eduardo Moliné O’Connor
El fallo ordena regularizar la pensión vitalicia que el exjuez percibía desde 1998 y pagar indemnizaciones a su familia. El Estado tiene un año para informar las medidas adoptadas.
Redacción La Bajada ·
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable internacionalmente a la Argentina por la destitución del exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, removido por el Congreso en 2003. La sentencia fue dictada el 20 de agosto de 2026 y notificada este jueves 12 de noviembre a las partes. El tribunal concluyó que el juicio político violó la independencia judicial.
El Senado lo removió el 3 de diciembre de 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner. El proceso había comenzado cuando la Comisión de Juicio Político de Diputados admitió cuatro pedidos de remoción, vinculados, entre otros asuntos, con causas judiciales en las que Moliné O’Connor había firmado sentencias como integrante del máximo tribunal.
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Según el fallo, la acusación se sustentó en el contenido de esas decisiones. El tribunal recordó que la independencia judicial prohíbe que un juicio político y la eventual destitución de un juez “se fundamente en el contenido de las decisiones que ha dictado”. Además, señaló que “distintas decisiones emitidas durante el trámite del juicio político carecieron de la motivación necesaria”.
La pensión vitalicia que el exjuez recibía desde 1998 fue revocada en octubre de 2004, después de su destitución. La Corte IDH consideró que esa decisión también afectó sus derechos y ordenó al Estado regularizar el régimen de ese beneficio. El proceso judicial para cuestionarla “se prolongó injustificadamente por más de una década”, según la sentencia.
El tribunal declaró violados los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, los derechos políticos, a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, además de la garantía del plazo razonable. Sobre el impacto personal, la sentencia afirmó que la remoción “canceló, de manera definitiva e imprevista, la opción de vida que la víctima había estructurado en torno al ejercicio de la judicatura”.
Moliné O’Connor murió el 20 de agosto de 2014, y el proceso continuó con sus familiares. La petición original se presentó ante la Comisión Interamericana en noviembre de 2003, y el caso llegó a la Corte IDH en agosto de 2024. Como reparación económica, el tribunal fijó 600.000 dólares por daño material, en concepto de lucro cesante, y 25.000 dólares por daño inmaterial, a distribuir entre su esposa y sus hijos.
El fallo también ordena que el Estado publique y difunda la sentencia y su resumen oficial. Las autoridades nacionales deberán interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución, que prevé el mal desempeño como causal de remoción de los jueces de la Corte Suprema, respetando el debido proceso, la independencia judicial y los derechos políticos. Argentina tiene un año desde la notificación para informar las medidas adoptadas, y la Corte IDH mantendrá la supervisión hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia.
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