La Cámara Federal revisará el 24 de noviembre los procesamientos por el atentado a la AMIA

La Sala I de la Cámara Federal porteña convocó a una audiencia para el 24 de noviembre, en la que analizará los procesamientos de ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de planificar y ejecutar el atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Yadarola recibirán los planteos de la defensa oficial, de la fiscalía y de una de las querellas. Después, el tribunal deberá decidir si avala lo resuelto por el juez federal Daniel Rafecas.

Rafecas procesó a fines de septiembre al exministro de Inteligencia iraní Ali Fallahijan, al exministro de Relaciones Exteriores Alí Velayati, al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, al excomandante de la fuerza Al Quds Ahmad Vahidi, al exembajador de Irán en la Argentina Hadi Soleimanpour, al exconsejero cultural de la embajada Mohsen Rabbani, al agente de inteligencia Ahmad Asghari y a Salman Raouf Salman, conocido también como Samuel El Reda e integrante de Hezbollah. Según la resolución, los procesados planificaron y ejecutaron el ataque en distintos roles y lugares. La operación se habría decidido en una reunión de agosto de 1993, en la que participaron las máximas autoridades del régimen iraní y de Hezbollah.

Los delitos imputados son homicidio y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso; el uso de un medio capaz de causar un peligro común, y el daño agravado por motivos discriminatorios. El juez consideró que el atentado es un delito de lesa humanidad, por lo que es imprescriptible, y trabó un embargo de 500 millones de dólares para cada imputado.

La defensa oficial, a cargo de Hernán Silva, apeló los procesamientos. La fiscalía de la Unidad Fiscal AMIA, a cargo de Sebastián Basso, y una querella de familiares de víctimas encabezada por Luis Czyzewski y Mario Averbuch apelaron, en cambio, la falta de mérito dictada para otros dos acusados: Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. Según explicó la fiscalía en su apelación, a Salman “se le atribuyó integrar la organización armada de Hezbolá asentada en la Triple Frontera” y a Mouzannar “cooperar con esa estructura”.

Ninguno de los ocho procesados está detenido en la Argentina, por lo que el caso avanzaría por la vía del juicio en ausencia. Ese mecanismo lo aprobó el Congreso en 2025 para delitos graves como el terrorismo. Basso pidió el juicio en ausencia para este caso, y Rafecas lo aprobó; la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal avalaron esa decisión. La defensa sostiene que la norma vulnera garantías, porque impediría a los acusados pedir un nuevo juicio si en el futuro se presentaran o fueran detenidos.

Para el fiscal Basso, “se encuentran reunidos los requisitos para avanzar hacia el debate oral y público de los acusados”. Si la Sala I ratifica los procesamientos, los acusados quedarán en condiciones de ser enviados a juicio oral en ausencia. El próximo paso es la audiencia del 24 de noviembre; después, la Cámara deberá resolver.