Las empresas de Báez transfirieron más de $86 millones a Valle Mitre, según la acusación

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques describieron en el requerimiento de elevación a juicio, presentado en 2018, un circuito de pagos que se desarrollaba en dos etapas. Según esa acusación, que en el juicio sostiene el fiscal Diego Velasco junto a Juan Agustín Argibay Molina, primero las empresas vinculadas a Lázaro Báez contrataban habitaciones y salones de los hoteles durante períodos prolongados y pagaban a Valle Mitre, la firma que administraba el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas.

Los fiscales sostienen que una parte de esas contrataciones fue ficticia o no tuvo una justificación comercial suficiente. También cuestionan servicios de consultoría, marketing y promoción sin respaldo adecuado. Entre los puntos observados figura el alojamiento en El Calafate de trabajadores de obras viales situadas a cientos de kilómetros, y el alquiler de salones para promocionar productos de YPF, una contratación que, según la acusación, la petrolera no tenía registrada.

De acuerdo con el requerimiento, las empresas de Báez transfirieron más de $86 millones a Valle Mitre. Esa firma registró pérdidas en el período analizado, mientras que Hotesur obtuvo ingresos superiores a los que tenía con sus anteriores propietarios. Para la fiscalía, esa diferencia es un indicio de que los contratos no respondían a condiciones comerciales habituales.

En la segunda etapa, Valle Mitre pagaba cánones por la explotación de los establecimientos a las sociedades de la familia Kirchner. El requerimiento consigna pagos por $28.597.624 en concepto de cánones locativos a través de Hotesur, por el Alto Calafate. Por la hostería Las Dunas, se atribuyen a Cristina Kirchner ingresos directos por $6.909.708.

El expediente también examina retiros de fondos de las cuentas de Hotesur bajo el concepto de créditos a favor de los accionistas. Según el requerimiento, Cristina Kirchner retiró $4.874.848,68 por esa vía, sin que se hubieran distribuido dividendos conforme a las reglas societarias que, para los fiscales, correspondían. La hipótesis es que los pagos hoteleros introducían fondos en la sociedad y que, con los retiros posteriores, parte de ese dinero llegaba al patrimonio personal de los accionistas.

En la causa Los Sauces, la acusación cuestiona contratos de alquiler de inmuebles de la sociedad inmobiliaria con empresas como Austral Construcciones e Inversora M&S, vinculadas a Báez y al Grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Para la fiscalía, algunos de esos contratos fueron simulados o se pactaron en condiciones que no respondían a una lógica comercial.

Según la acusación, la maniobra se remonta a 2008, cuando Néstor Kirchner compró por casi US$5.000.000 la totalidad de las acciones de Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate, con la intervención de Osvaldo Sanfelice. La investigación se originó a partir de una publicación periodística de fines de 2013.

Las defensas sostienen que los pagos estuvieron bancarizados y que, por eso, no hubo ocultamiento. La discusión central del juicio, según el planteo de la causa, es si esas operaciones sirvieron para lavar dinero, como sostiene la acusación, o si fueron negocios legítimos, como afirman los acusados. El próximo paso es la indagatoria de los imputados, que deberán asistir una vez concluida la etapa inicial con participación remota.