La banda habría hecho casi 20.000 llamadas desde cárceles entre marzo y octubre

La investigación que encabeza el fiscal Mariano Moyano, de Mar del Plata, estima que la banda habría realizado casi 20.000 llamadas entre marzo y octubre desde cárceles bonaerenses. La cifra surge del análisis técnico de uno de los celulares que se le secuestraron a Hugo Carlos Miguel, alias El Gitano, según la información oficial de la fiscalía.

En ese período se activaron 11 tarjetas SIM distintas y las llamadas se concentraban de lunes a sábado, entre las 9 y las 17. La cifra supera a la que se conocía hasta ahora, que abarcaba los llamados entre junio y octubre según los registros de las compañías telefónicas.

Una empresa prestadora informó 5.400 llamadas asociadas a uno de los números investigados. Sus registros activaban una antena ubicada en Lisandro Olmos, donde funciona un complejo penitenciario bonaerense. La pesquisa también registró comunicaciones dirigidas a Rosario, Paraná, Neuquén, Bariloche, Río Gallegos y Ushuaia, y Moyano mencionó llamados a Tandil, Tres Arroyos y Corrientes. Uno de los chips, además, fue rastreado en Uruguay.

Los investigadores hallaron planillas de Excel con nombres y teléfonos de posibles víctimas. Moyano explicó: “Estas planillas de Excel dan cuenta de que las personas seleccionadas resultaban ser jubilados y pensionados en todo el país”.

El fiscal dijo en declaraciones periodísticas que ni el Ministerio de Justicia ni el Ejecutivo provincial se comunicaron con su fiscalía después del pedido formal para restringir el uso de celulares en las cárceles. “Nadie actúa. ¿Qué más pruebas necesitan?”, planteó.

Sobre la posible participación de personal penitenciario, Moyano señaló que en las escuchas no aparecen otras voces en las llamadas hechas desde pabellones y celdas, un dato que llamó la atención de los investigadores. Sin embargo, evitó sacar conclusiones sobre una eventual complicidad dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense y sostuvo que el punto requiere profundizar la investigación.

Hugo Carlos Miguel, de 62 años, condenado por homicidio, es señalado como presunto jefe de la organización. Franco Isaías Miguel, Jonathan Villalba, Alejandro Rosales Demetrio y Joel Aguirre quedan bajo investigación.

Los procedimientos en tres penales se hicieron el 22 de octubre y permitieron secuestrar ocho celulares. Lo que sigue para la fiscalía es reconstruir el recorrido del dinero, establecer cómo se distribuían los fondos e identificar a los colaboradores que operaban fuera de los establecimientos penitenciarios.