El accidente de Urda reordena la precampaña española a menos de un mes de las elecciones

El choque de Urda, en la provincia de Toledo, obligó a reorganizar la precampaña española a menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Partido Popular (PP) cambió sus mítines por comparecencias de su líder, Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas guardaron silencio público mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dedicó a reuniones de seguimiento. Solo Vox mantuvo sus actos durante los tres días de luto oficial. En paralelo, la Cancillería de México confirmó que doce connacionales estuvieron en el accidente: once sufrieron lesiones leves y ya recibieron el alta, y uno sigue sin paradero confirmado.

Feijóo reclamó responsabilidades el viernes con una frase: “Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas”. Ada Colau, cabeza de lista de Frente Amplio, socio del Gobierno, pidió la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, “lo antes posible”. Vox presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra Puente, y su líder, Santiago Abascal, habló de “un crimen” con origen en la “corrupción permanente” del Gobierno. El PP informó el domingo que se personará en la causa para que se investigue “hasta el final”.

Sánchez, que había retomado una ofensiva de campaña basada en el carisma, quedó expuesto a dudas sobre la competencia de su gobierno. El viernes dijo: “No es asumible para un país como España”, y aseguró que el Ejecutivo buscará también soluciones para reforzar la alta velocidad. Ignacio Urquizu, exlegislador socialista y director de Metroscopia, sostuvo que es esperable un castigo electoral para el oficialismo. Según su lectura, la culpa individual de un operador puede contener el daño político, mientras que las fallas sistémicas tienden a perjudicar a los gobiernos, a los que se les atribuye la responsabilidad.

Las precisiones de Puente sobre la cronología agregan detalles al relato. Según el ministro, el sistema de seguridad LZB cayó a las 8.31 en un tramo de 63 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla, y el AVE recorrió unos 25 kilómetros, a más de 160 km/h, hasta el choque a las 8.53. Puente calificó de “a todas luces errónea” la decisión del centro de control de ordenar al AVE que reanudara la marcha. El LZB es propiedad de la empresa Hitachi, que necesita un permiso judicial para analizar los registros y las causas de la caída.

Hasta el domingo, 56 de los 69 fallecidos ya estaban identificados y 31 heridos seguían internados en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha. Cinco vagones, tres del Iryo y dos del AVE de Renfe, fueron retirados de la vía, aunque, según el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido, siguen “en los laterales”. Renfe prepara un documento de instrucciones para sus maquinistas, que todavía no tiene contenido público. El sindicato Semaf sostiene que las medidas van en la línea de su pedido a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria: no circular a marcha normal cuando cae el LZB.

El próximo paso es el martes. El Gobierno prevé aprobar ese día un real decreto con ayudas para los afectados, y Puente dará una rueda de prensa con un informe sobre lo ocurrido antes de comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso.