El contrato del Nuevo Banco de Entre Ríos prevé un canon de 3,6% sobre la masa salarial

El mensaje que el gobernador Rogelio Frigerio envió a la Cámara de Diputados aclara que dar la conformidad provincial a la fusión no es una obligación para el Estado. Según el texto, la decisión es “no constituye una obligación del Estado ni una prerrogativa del Banco solicitante, sino el ejercicio de una facultad administrativa discrecional”.

Antes de elevar el proyecto, el Ejecutivo pidió informes a la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero (UOCAF), a los organismos jurídicos competentes y a la Secretaría Legal y Técnica. Según los fundamentos enviados a Diputados, esas áreas consideraron jurídicamente viable otorgar la autorización.

El Nuevo Banco de Entre Ríos recibe los depósitos oficiales, percibe la coparticipación nacional y recauda los impuestos provinciales. También transfiere fondos a las cuentas del Estado, distribuye la coparticipación a los municipios, paga los haberes de los empleados públicos activos y pasivos, y opera con proveedores y contratistas. Por ser caja obligada, los ingresos y depósitos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los organismos descentralizados y autárquicos y de las empresas estatales tienen como destino la entidad, en los términos del contrato.

La licitación se adjudicó en 2020, durante la gestión de Gustavo Bordet. El Decreto N° 1290/2020 del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas formalizó la adjudicación, y el contrato se firmó el 15 de septiembre de 2020, por diez años con posibilidad de prórroga por otros cinco. Como contraprestación, el banco paga a la Provincia un canon anual de 3,6% sobre la masa salarial líquida de activos y pasivos, según lo expuso el ministro de Economía al defender la adjudicación en la Legislatura. El pliego no fijaba un piso mínimo anual. El Ejecutivo también informó que el banco se comprometió a cobrar un 20% menos que las comisiones vigentes hasta entonces por determinados servicios.

Según el Monitoreo del Empleo Provincial del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), a septiembre de 2025 la administración provincial tenía 90.397 empleados públicos y 65.807 jubilados y pensionados, en conjunto 156.204 personas. Ese mismo mes, el gasto provincial en personal alcanzó los 180.523 millones de pesos.

El Presupuesto 2026 prevé erogaciones totales por 6,44 billones de pesos. De ese total, el gasto en personal, incluidos los docentes privados, ronda los 2,89 billones, y las jubilaciones y pensiones suman 1,16 billones. Del lado de los ingresos, el presupuesto contempla unos 3,33 billones por coparticipación nacional y 1,21 billones por tributos provinciales. Son cifras que dimensionan el circuito de fondos por el que pasa el agente financiero, no dinero que el banco tenga en propiedad.

Según los fundamentos del proyecto, el contrato exige consentimiento provincial para cambiar la estructura societaria del banco y para trasladar su sede. La entidad absorbente, el Nuevo Banco de Santa Fe, asumiría las obligaciones vigentes y pendientes sin alterar los derechos del Estado entrerriano. Paraná dejaría de albergar la casa central, que pasaría a Santa Fe. Si la Legislatura aprueba la ley, el Ejecutivo quedará facultado para dar esa conformidad, aunque la operación también depende de las autorizaciones de los organismos nacionales competentes. La Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre el proyecto.