AGMER cuestionó el Presupuesto 2027 junto a legisladores de Más para Entre Ríos

Integrantes de la conducción provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) se reunieron con legisladores provinciales del bloque Más para Entre Ríos para analizar el proyecto de Presupuesto 2027 en lo que toca a la educación. Según el gremio, la preocupación se origina en la continuidad de las políticas del gobierno del gobernador Rogelio Frigerio, que —según sostuvo— profundizan un deterioro del sistema educativo público que lleva tres años. También participaron diputados y senadores provinciales.

En materia de financiamiento, el gremio sostuvo que los recursos previstos no se corresponden con las necesidades del sistema. AGMER afirmó que las partidas “ratifican la intención de desgastar el sistema educativo público” y que los funcionarios provinciales “se niegan a financiar gastos que resultan absolutamente necesarios”. Según el gremio, esas negativas se fundan en limitaciones legales, pese a que en la provincia rige la Ley de Emergencia Pública en Materia Educativa.

En lo salarial, el gremio ubicó a la provincia “en el puesto número 23 en el ordenamiento de los salarios docentes del país”. Cuestionó los aumentos otorgados por decreto tras las instancias paritarias, que considera insuficientes frente a la inflación, y advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo. También mencionó el endeudamiento de los trabajadores, casos de salud mental, la sobrecarga laboral, la falta de cobertura de cargos y la escasez de personal auxiliar.

Sobre infraestructura, AGMER describió el deterioro edilicio de las escuelas, el impacto de las emergencias climáticas y las dificultades para llegar a escuelas rurales por el estado de los caminos. Según el gremio, durante los últimos tres años no se hizo ninguna licitación para construir escuelas nuevas. Las tareas, en cambio, se reducen a lo que el Estado denomina “intervenciones”, y parte de los costos de reparación recae en las cooperadoras escolares.

Respecto del Consejo General de Educación (CGE), el gremio cuestionó “el desconocimiento del sistema educativo provincial” y los mecanismos administrativos que, según señaló, generan persecución y sanciones a directivos y docentes. También planteó que se exige cargar la asistencia en el sistema SAGE, que requiere conexión a internet, cuando gran parte de las escuelas no cuenta con ese servicio pagado por el Estado provincial.

AGMER expresó preocupación por políticas que apuntan a “achicar o cerrar las carreras de formación docente”, y por el proyecto del oficialismo para reformar el Código Procesal Laboral provincial, que —según el gremio— tendrá impacto en el sector si se convierte en ley. Ese proyecto está en tratamiento en la Legislatura.