La FAA reclama fiscalías rurales contra el abigeato en Bovril

Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), exigió una respuesta de la Justicia más contundente frente al abigeato en la zona de Bovril, departamento La Paz. También pidió asistencia para los productores afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay. Lo planteó en un encuentro con autoridades de la provincia, jefes policiales y representantes del campo.

Según relató el dirigente, las sustracciones repetidas de animales obligaron a cambiar las rutinas de trabajo. En algunos campos, la hacienda se encierra al caer la tarde en corrales cercanos a las casas. Un grupo de productores que asistió al encuentro contó que perdió decenas de animales sin que los hechos tuvieran consecuencias.

Martiarena también mencionó el caso de un productor que persiguió a dos presuntos delincuentes a tiros y a latigazos. Advirtió que, si hubiera matado a alguno de ellos, "hoy estaríamos en un serio problema".

Del encuentro surgió el compromiso de reforzar los recursos contra estos delitos con drones, visores térmicos y más presencia policial. Para el dirigente, la prevención no alcanza si no hay una respuesta judicial efectiva. Propuso crear fiscalías especializadas en delitos rurales y mejorar la coordinación entre la Policía, la Justicia y los productores. "El robo reiterado de hacienda no puede tratarse como una sucesión de delitos menores", sostuvo.

Por el riesgo de crecidas, Martiarena indicó que los relevamientos hechos junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) registran un gran número de animales en las islas, y que el traslado se intensifica. Vender hacienda sin terminar significa recibir menos dinero por kilo, y la operación genera obligaciones tributarias aunque no implique una ganancia, sino la liquidación anticipada de parte del capital. Según advirtió, esas condiciones pueden frenar el traslado preventivo y aumentar el riesgo ante una eventual crecida.

En la última reunión, la Comisión de Emergencia, integrada por representantes del campo y funcionarios provinciales, acordó elevar al Poder Ejecutivo un pedido de declaración de emergencia agropecuaria por un año, a partir del 1 de agosto. El planteo abarca los departamentos afectados por las crecidas, desde La Paz hasta Islas del Ibicuy.

Por ahora se trata de un pedido acordado en la comisión que todavía debe llegar al Poder Ejecutivo. El paso siguiente es que el Gobierno lo reciba y se pronuncie sobre la solicitud.