El Senado entrerriano aprobó un pedido para crear una fiscalía contra el abigeato

La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó en la sesión del jueves 29 de octubre un proyecto de comunicación que pide a la Procuración General de la Provincia crear una fiscalía especializada en abigeato y otros delitos rurales conexos. La iniciativa es de la senadora por La Paz Patricia Díaz.

El texto propone “una respuesta especializada del Ministerio Público Fiscal frente al reclamo de los productores por el abigeato”. Pide que la Procuración defina la organización, la cobertura territorial, la dotación y los medios de investigación de esa unidad, y que se coordine con la Policía de Entre Ríos y con los organismos que controlan la identificación y el tránsito de hacienda.

Díaz fundamentó el pedido en el artículo 207 de la Constitución provincial, que reconoce la autonomía funcional del Ministerio Público, y en el artículo 17, inciso i), de la Ley Orgánica del Ministerio Público N.º 10.407, que faculta al procurador general a crear unidades especializadas para investigar delitos complejos. Según el proyecto, la petición respeta las facultades de la Procuración y la independencia de sus decisiones.

El reclamo lo impulsaron entidades agropecuarias, entre ellas la Federación Agraria Argentina y la Mesa de Enlace, ante la reiteración de robos de ganado, sobre todo en los departamentos del norte de la provincia.

Por otra parte, la Mesa de Enlace denunció un nuevo caso de abigeato en la zona de Bovril, ocurrido el mismo día de la reunión con la Policía en La Paz. Según el comunicado de la entidad, varias personas fueron interceptadas en un vehículo que transportaba cortes cárnicos provenientes de una faena reciente. Cuatro fueron detenidos y uno logró escapar.

La entidad sostuvo que la Policía pidió medidas para localizar al prófugo: “la Policía solicitó medidas al Ministerio Público Fiscal de La Paz para avanzar en la localización del prófugo, pero el pedido fue rechazado”. Agregó que el hecho fue caratulado como resistencia a la autoridad, por lo que los detenidos podrían recuperar la libertad en pocas horas.

Para la entidad, el caso “no constituye un episodio aislado” y se suma a hechos similares en distintos puntos de la provincia. La Mesa de Enlace repudió tanto los delitos como la decisión judicial, que, según dijo, desalienta el trabajo de los productores y de las brigadas de Prevención de Delitos Rurales.

El pedido del Senado queda en manos de la Procuración General, que tiene la facultad de organizar unidades especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal.