Sociedad
El PAMI exige intervención humana cuando usa inteligencia artificial en prestaciones
El manual alcanza a las áreas del instituto y a sus proveedores. Un comité de ética revisará cada proyecto antes de ponerse en marcha, y las herramientas en uso podrán suspenderse ante errores o sesgos.
Redacción La Bajada ·
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) aprobó un manual que fija reglas para el uso de inteligencia artificial en sus procesos de gestión. Las disposiciones incluyen a las dependencias del organismo y a los proveedores que procesan sus datos. En las decisiones que puedan afectar el acceso de los afiliados a tratamientos, medicamentos o prestaciones, la inteligencia artificial no puede decidir por sí sola: la responsabilidad final recae en quienes intervienen en el procedimiento.
Cada proyecto que incorpore inteligencia artificial a la gestión deberá superar una evaluación formal antes de implementarse. Para hacerlo, el instituto creó un Comité de Ética de Inteligencia Artificial, integrado por especialistas técnicos, jurídicos, médicos y de seguridad informática. El comité puede aprobar una iniciativa, pedir ajustes o rechazarla.
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El manual también alcanza a los trabajadores. Cuando usan asistentes de inteligencia artificial, sólo pueden recurrir a plataformas habilitadas por el organismo, y no deben cargar información sensible en servicios que no ofrezcan garantías de confidencialidad.
Los datos personales de los afiliados tendrán que anonimizarse siempre que sea posible. Cada uso de esos datos debe ser autorizado por las áreas de protección de datos y por el sector de asuntos jurídicos del instituto.
Las herramientas que ya están en funcionamiento tendrán revisiones periódicas. Si el seguimiento detecta errores, sesgos o problemas de seguridad, el PAMI podrá suspenderlas.
Para armar el manual, el instituto se basó en la Guía de Controles de Inteligencia Artificial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo de control interno de la administración pública nacional. Esa guía pide que cada entidad estatal tenga una política explícita sobre estas tecnologías, y plantea capacitar al personal para detectar errores y usos indebidos.
En la práctica, el alcance de la norma dependerá de cómo el instituto publique el manual, qué plataformas habilite y cómo comunique el funcionamiento de su comité.
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