El juez Viri evalúa mantener o modificar la clausura de la planta de efluentes

El juez federal Hernán Viri realizó este martes una audiencia de partes para decidir si mantiene o modifica la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú. Participaron la querella, abogados e integrantes de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu), funcionarios de las áreas de Ambiente municipal y provincial, y el fiscal federal Pedro Rebollo.

La causa por la contaminación de la planta lleva un año y medio. Tras la toma de muestras por parte de peritos, el juez comprobó que la planta funcionaba mal y dispuso su clausura hace tres meses. Codegu apeló, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó la medida. La audiencia se convocó por cambios de hecho en el funcionamiento de la planta.

El querellante Ricardo Luciano sostuvo que el certificado de aptitud ambiental otorgado al Parque Industrial "tiene errores". Por Codegu, sus abogados afirmaron que "la situación ha cambiado" y enumeraron tres ejes. El primero son informes periódicos de entidades que avalan los estudios de las muestras, según los cuales "en los últimos tres meses la planta estuvo funcionando de acuerdo al marco legal vigente", dijo el abogado Nario. El segundo es el certificado de aptitud ambiental otorgado por la Provincia. El tercero es un sistema de monitoreo online de los vertidos, instalado por ahora en cinco de las empresas que más aportan a la planta.

El presidente de Codegu, Gustavo Isaack, explicó que se pidió al INTI que controle los sensores instalados y revalide las muestras, con controles semanales durante los primeros meses. Según la entidad, no habría precedentes de este tipo de testeos en Entre Ríos ni en el país. Codegu no precisó cuándo el monitoreo llegará a la totalidad de las empresas del Parque Industrial.

La subsecretaria de Ambiente municipal, Ivana Zecca, afirmó: "tenemos disponibles todos los controles y podemos decir que, de julio a octubre, la planta trabaja dentro de los parámetros establecidos por la Provincia". Desde la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos señalaron que el certificado emitido al Parque Industrial "es condicional": el polo productivo debe cumplir requisitos esenciales en un plazo de 60 días corridos.

Durante la audiencia, Rebollo pidió precisiones sobre los riesgos ambientales de la clausura. Codegu respondió que se perdería la trazabilidad de los residuos de las empresas, que sería difícil disponer de los residuos sin tratamiento y que volver a poner en marcha el sistema biológico de la planta tardaría al menos unos cuatro meses.

El fiscal también recordó que la planta operaba con el certificado vencido desde 2021 y que la última intervención de la Secretaría de Ambiente provincial había sido en 2019. Dijo que ya existe un acto administrativo provincial sobre ese certificado. Rebollo consideró que el recurso de reposición debe rechazarse y que lo que corresponde determinar es si hubo cambios que permitan revisar la clausura. Ante los nuevos factores, planteó que "habría que pensar en alguna apertura condicionada", y aclaró que la investigación continúa. Además, cuestionó declaraciones a la prensa sobre la causa y señaló que la Fiscalía no se expresa fuera del expediente.

Viri deberá evaluar los planteos y la documentación presentada para resolver si mantiene la clausura o introduce modificaciones. La decisión final es suya.